La recesión l El mercado laboral
El Principado perdió 10.000 afiliados a la Seguridad Social en tres meses, pero los expertos ven a la región entre las mejor preparadas para salir de la crisis
Estados Unidos, Europa, España y cada una de sus regiones, Asturias incluida, presentan ya todos los síntomas de recesión económica, esté o no certificada por los recuentos oficiales del producto interior bruto (PIB): baja el consumo, crece la morosidad, aumentan los «stocks» de las empresas y lo hacen también el desempleo y los despidos. Esta última factura, la del paro, se ha dejado sentir en Asturias sobremanera en el último tramo de 2008. Desde septiembre, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social disminuyó en unas 10.000 personas y hay que remontarse a los primeros años de la década de los noventa para localizar pérdidas de empleo de un tamaño semejante.
Entonces estaban vivas a la vez las reconversiones de la minería, la siderurgia, la construcción naval y el campo. Ahora muchas cosas son distintas (el tejido productivo asturiano y el origen de la crisis, entre ellas), y expertos como los economistas y catedráticos Juan Velarde y Joaquín Lorences ven al Principado entre las regiones mejor posicionadas para encarar la recesión y dejar atrás, «cuando llegue la recuperación», balances como el que dejó el peor diciembre en muchos años para el mercado laboral asturiano, con 5.000 parados más y 4.600 cotizantes menos a la Seguridad Social en un mes.
«El ritmo de la crisis es mucho más atenuado en Asturias», subraya Joaquín Lorences, poniendo el acento en cómo el aumento interanual del paro, de un 24 por ciento, aun siendo inédito en la última década y media, se queda a la mitad del promedio de una España que suma desempleados por los cuatro puntos cardinales, aunque más allí donde más se había crecido a base de ladrillo y cemento. Asturias no es Murcia, donde el desempleo se ha disparado el 76 por ciento y donde hay 91.000 personas en el paro, prácticamente el 10 por ciento de todos los murcianos que tienen más de 18 años.
Aun no siendo Murcia, Asturias padeció un diciembre negro para el empleo, con un aumento explosivo del paro y un súbito aluvión de bajas en la Seguridad Social. Es la crisis que «ya está en casa», ha dicho esta semana la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). ¿Qué ocurrió en este final de año en el mercado de trabajo? Asturias había capeado el temporal durante buena parte de 2008. A la altura de junio el desempleo aún bajaba en la región y crecía el empleo. Es más, unas semanas después, la encuesta de población activa (EPA) colocaba al Principado en una posición inédita entre las regiones españolas donde el objetivo del pleno empleo estaba más cercano.
La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) empezaba a ver, no obstante, que las señales de deterioro -ralentización de las afiliaciones a la Seguridad Social, crecimiento del paro registrado...- iban ganando volumen. Octubre y noviembre fueron malos y lo peor llegó mediado diciembre. Los datos reunidos por este diario señalan ese momento como una especie de punto crítico a partir del cual el mercado laboral se deprimió intensamente.
Es habitual que cada diciembre, por ejemplo, los constructores aprovechen las fiestas para mandar al paro a su personal eventual, una especie de vacaciones forzosas y pagadas por el Inem. Pero lo normal en los diciembres precedentes era que en esa situación se vieran unos cientos de personas. Esta vez fueron más de dos mil. El agotamiento del trabajo en las obras residenciales y las dificultades de decenas de empresas dispararon el desempleo en la construcción un 25 por ciento en un mes, hasta situarlo en 10.000 personas.
No ocurrió sólo con la construcción. En el caso de la industria, según las explicaciones recabadas, fue como si las empresas se contagiaran del hábito invernal de los constructores. La versión industrial de la crisis se plasmó en un aumento del paro de 900 personas, parte de ellas afectadas por una cadena de regulaciones de empleo que se concretó también en diciembre. La recesión, ha recogido SADEI, se ha instalado en lo medular de la industria regional: en el metal, en las fábricas auxiliares de la construcción, en las plantas de componentes de automóvil y hasta en el sector agroalimentario, aquel que suele tardar más en resentirse cuando hay crisis de consumo.
lunes, 26 de enero de 2009
Los jóvenes asturianos deberían ganar un 140% más para acceder a una vivienda
Los ingresos mínimos necesarios para adquirir una vivienda en propiedad sin sobrepasar el riesgo asumible deberían ser de 34.206 euros, mientras que el sueldo medio de una persona de entre 18 y 34 años es de 14.231 euros
Consejos de la Juventud y sindicatos de Asturias han denunciado hoy la "insostenibilidad" del mercado inmobiliario por la precariedad laboral y las bajas remuneraciones, ya que estiman que un trabajador joven debería ganar un 140 por ciento más que el salario medio para poder comprar una vivienda libre.
Los consejos de la Juventud de Asturias y de Gijón y los departamentos de juventud de UGT y CCOO han reclamado en rueda de prensa "una mayor implicación de los poderes públicos para que las condiciones de acceso de la juventud a la vivienda sean razonables".
Los jóvenes asturianos consideran que la situación es "insostenible" ya que les resulta "imposible" emanciparse por el alto coste de la vivienda, ya sea en compra o en régimen de alquiler, y por la situación laboral de precariedad y de bajos salarios, han indicado.
Los presidentes de los consejos de la Juventud de Asturias y de Gijón, Paulino Feito y Jordán Suárez, respectivamente, y los responsables de los departamentos de juventud de la UGT, Abel Suárez, y de CCOO, Adrián Redondo, han asegurado que los jóvenes "son las primeras víctimas de la crisis".
Las asociaciones juveniles asturianas han difundido los datos del Observatorio Joven de la Vivienda, del Consejo de la Juventud de España, según los cuales "para comprar una vivienda libre, un joven de Asturias necesitaría que su sueldo fuera un 140 por ciento mayor del que gana como promedio".
Este cálculo ha sido hecho tomando en cuenta el porcentaje máximo de endeudamiento, que según los expertos nunca debería sobrepasar del 30 por ciento, y sobre la evolución de los precios del mercado inmobiliario correspondiente al segundo trimestre del año pasado.
En Asturias, los ingresos mínimos necesarios para adquirir una vivienda en propiedad sin sobrepasar el riesgo asumible deberían ser de 34.206 euros, mientras que el sueldo medio de una persona de entre 18 y 34 años es de 14.231 euros, según el estudio.
Los representantes de las asociaciones de jóvenes asturianos han denunciado además que como consecuencia de la caída de las ventas de vivienda derivada de la crisis económica "ha aumentado el precio de los alquileres", lo que dificulta aún más la emancipación.
Los consejos de la Juventud y los sindicatos han reclamado a las administraciones que compren viviendas para crear un parque y ponerlo a disposición de los jóvenes en régimen de alquiler a precios razonables y han criticado la "ética" de las empresas constructoras y la banca que obtuvieron grandes beneficios en los tiempos de la burbuja inmobiliaria.
Según los representantes de estas organizaciones, los empresarios y los bancos "deberían hacer gala de compromiso social", reducir el margen de beneficio y conceder créditos. EFE
Consejos de la Juventud y sindicatos de Asturias han denunciado hoy la "insostenibilidad" del mercado inmobiliario por la precariedad laboral y las bajas remuneraciones, ya que estiman que un trabajador joven debería ganar un 140 por ciento más que el salario medio para poder comprar una vivienda libre.
Los consejos de la Juventud de Asturias y de Gijón y los departamentos de juventud de UGT y CCOO han reclamado en rueda de prensa "una mayor implicación de los poderes públicos para que las condiciones de acceso de la juventud a la vivienda sean razonables".
Los jóvenes asturianos consideran que la situación es "insostenible" ya que les resulta "imposible" emanciparse por el alto coste de la vivienda, ya sea en compra o en régimen de alquiler, y por la situación laboral de precariedad y de bajos salarios, han indicado.
Los presidentes de los consejos de la Juventud de Asturias y de Gijón, Paulino Feito y Jordán Suárez, respectivamente, y los responsables de los departamentos de juventud de la UGT, Abel Suárez, y de CCOO, Adrián Redondo, han asegurado que los jóvenes "son las primeras víctimas de la crisis".
Las asociaciones juveniles asturianas han difundido los datos del Observatorio Joven de la Vivienda, del Consejo de la Juventud de España, según los cuales "para comprar una vivienda libre, un joven de Asturias necesitaría que su sueldo fuera un 140 por ciento mayor del que gana como promedio".
Este cálculo ha sido hecho tomando en cuenta el porcentaje máximo de endeudamiento, que según los expertos nunca debería sobrepasar del 30 por ciento, y sobre la evolución de los precios del mercado inmobiliario correspondiente al segundo trimestre del año pasado.
En Asturias, los ingresos mínimos necesarios para adquirir una vivienda en propiedad sin sobrepasar el riesgo asumible deberían ser de 34.206 euros, mientras que el sueldo medio de una persona de entre 18 y 34 años es de 14.231 euros, según el estudio.
Los representantes de las asociaciones de jóvenes asturianos han denunciado además que como consecuencia de la caída de las ventas de vivienda derivada de la crisis económica "ha aumentado el precio de los alquileres", lo que dificulta aún más la emancipación.
Los consejos de la Juventud y los sindicatos han reclamado a las administraciones que compren viviendas para crear un parque y ponerlo a disposición de los jóvenes en régimen de alquiler a precios razonables y han criticado la "ética" de las empresas constructoras y la banca que obtuvieron grandes beneficios en los tiempos de la burbuja inmobiliaria.
Según los representantes de estas organizaciones, los empresarios y los bancos "deberían hacer gala de compromiso social", reducir el margen de beneficio y conceder créditos. EFE
Los ERE en Asturias afectaron a 1.364 trabajadores
En los once primeros meses de 2008 se presentaron 410 expedientes autorizados en el sector de la construcción, el 469,44 por ciento más que un año antes
Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) afectaron entre enero y noviembre de 2008 a 1.364 trabajadores en Asturias, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo.
El estudio indica que los trabajadores de la construcción afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España ascendieron entre enero y noviembre de 2008 a 5.696, lo que supone el 531,49 por ciento más que en el mismo periodo de 2007.
En los once primeros meses de 2008 se presentaron 410 expedientes autorizados en el sector de la construcción, el 469,44 por ciento más que un año antes.
Los expedientes en la construcción no fueron los únicos autorizados entre enero y noviembre de 2008, ya que en total se dio el visto bueno a 4.719 (el 35,6 por ciento más que en 2007) para 95.066 trabajadores (el 83,5 por ciento más).
De esos 4.719 ERE, 4.221 fueron pactados (el 46,21 por ciento más) para 81.951 personas (el 90,12 por ciento más) y 498 no pactados (el 16,02 por ciento menos) para 13.115 trabajadores (el 50,71 por ciento más que en 2007).
Por sectores, 340 ERE se presentaron en el agrario (el 52,97 por ciento menos con respecto al año anterior) y 4.379 en el no agrario (el 58,83 por ciento más).
Además de los 410 ERE de la construcción, en el sector de la industria hubo 2.322 expedientes (el 121,14 por ciento más) y en los servicios, 1.647 (el 0,73 por ciento más).
Los trabajadores afectados en la industria fueron 69.987 (el 121,70 por ciento más que en 2007) y 17.131 a los servicios (el 31,67 por ciento más).
Por comunidades, donde más trabajadores se incluyeron en los ERE entre enero y noviembre de 2008 fueron Cataluña (18.582), la Comunidad Valenciana (17.181), Madrid (9.485) Castilla y León (8.807), País Vasco (8.280), Navarra (7.050), Aragón (6.808) y Andalucía (4.014).
Le siguieron Galicia (3.949), Castilla La-Mancha (3.059), Cantabria (2.749), Canarias (1.458), Asturias (1.364), Murcia ( 789) y Baleares (735).
Las comunidades donde menos trabajadores fueron afectados por los ERE fueron Ceuta y Melilla, con 36; La Rioja (218), y Extremadura (502). EFECOM
Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) afectaron entre enero y noviembre de 2008 a 1.364 trabajadores en Asturias, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo.
El estudio indica que los trabajadores de la construcción afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España ascendieron entre enero y noviembre de 2008 a 5.696, lo que supone el 531,49 por ciento más que en el mismo periodo de 2007.
En los once primeros meses de 2008 se presentaron 410 expedientes autorizados en el sector de la construcción, el 469,44 por ciento más que un año antes.
Los expedientes en la construcción no fueron los únicos autorizados entre enero y noviembre de 2008, ya que en total se dio el visto bueno a 4.719 (el 35,6 por ciento más que en 2007) para 95.066 trabajadores (el 83,5 por ciento más).
De esos 4.719 ERE, 4.221 fueron pactados (el 46,21 por ciento más) para 81.951 personas (el 90,12 por ciento más) y 498 no pactados (el 16,02 por ciento menos) para 13.115 trabajadores (el 50,71 por ciento más que en 2007).
Por sectores, 340 ERE se presentaron en el agrario (el 52,97 por ciento menos con respecto al año anterior) y 4.379 en el no agrario (el 58,83 por ciento más).
Además de los 410 ERE de la construcción, en el sector de la industria hubo 2.322 expedientes (el 121,14 por ciento más) y en los servicios, 1.647 (el 0,73 por ciento más).
Los trabajadores afectados en la industria fueron 69.987 (el 121,70 por ciento más que en 2007) y 17.131 a los servicios (el 31,67 por ciento más).
Por comunidades, donde más trabajadores se incluyeron en los ERE entre enero y noviembre de 2008 fueron Cataluña (18.582), la Comunidad Valenciana (17.181), Madrid (9.485) Castilla y León (8.807), País Vasco (8.280), Navarra (7.050), Aragón (6.808) y Andalucía (4.014).
Le siguieron Galicia (3.949), Castilla La-Mancha (3.059), Cantabria (2.749), Canarias (1.458), Asturias (1.364), Murcia ( 789) y Baleares (735).
Las comunidades donde menos trabajadores fueron afectados por los ERE fueron Ceuta y Melilla, con 36; La Rioja (218), y Extremadura (502). EFECOM
jueves, 1 de enero de 2009
El Grupo Zeta prepara un calendario de huelgas para después de las fiestas de Navidad
de www.elconfidencial.com
El grupo Zeta presenta hoy un expediente de regulación de empleo ante el Ministerio de Trabajo que afecta a 531 de los 2.300 empleados que conforman la plantilla. La resolución fue presentada ayer por la empresa en la teecera reunión de la comisión negociadora, que acabó abruptamente tras la imposibilidad de llegar a un mínimo acuerdo entre trabajadores y empresa. Después de fiestas, volverán a reanudarse las negociaciones con un calendario de movilizaciones de los trabajadores sobre la mesa y, si las cosas no se suavizan, con la amenaza de varias huelgas para las que ya se apunta un calendario provisional.
La de ayer se trataba de una reunión más para encontrar una salida a la crisis del emporio que controla Antonio Asensio Mosbah. La única novedad respecto a las anteriores ofertas de Zeta es que el expediente afecta sólo a 531 personas en vez de a 533, como se había propuesto con anteriodad. Fuentes de los comités de empresa del grupo manifestaron a El Confidencial que “tras cinco horas de negociación, la empresa abandonó la reunión porque los representantes de los trabajadores se negaron a aceptar la presentación del expediente de regulación”.
La posibilidad de presentar un expediente durante las fiestas navideñas era una posibilidad que ya había sido adelantada por este diario. Fuentes de los comités de empresa añaden, además, que “el expediente está dirigido por Juan Chozas, abogado contratado por Asensio para pilotar los despidos y que había sido secretario general de empleo del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, llevará la documentación a sus antiguos subordinados”.
Fuentes de la empresa matizaron que hubo una primera reunión de casi tres horas, donde se presentó a los trabajadores un plan de reducción de empleo y “donde se marcaron plazos obligatorios y necesarios para llevar a cabo el plan de viabilidad del grupo. Ellos, en principio, lo vieron bien y lo discutieron, pero cuando volvió a reemprenderse la reunión hicieron una contraoferta. Los sindicatos se mantuvieron firmes en que si no se retiraba la cláusula que hacía referncia al expediente no se podía hacer nada, mientras que la empresa mantenía que esa cláusula es impresincidible. En estas circunstancias, se levantó la reunión porque no tenía sentido seguir negociando”.
La cúpula de Zeta sostiene que la situación del grupo “es grave” y que “si se quiere asegurar la viabilidad, hay que marcar unos plazos para reducir los costes que se soportan”. La propuesta preveía la drástica reducción de plantillas: los trabajadores hasta 57 años, tendrán derecho a una indemnización de 30 días por año trabajado y 14 mensualidades; los que tienen entre 58 y 61 años, serán prejubilados percibiendo el 60% del salario bruto más el convenio especial de cotización a la Seguridad Social; los que tienen 62 y 63 años, serán jubilados con el 60% del salario bruto; y los mayores de 63 años, recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. El salario regulador se establece en un tope de 55.000 euros brutos anuales y los prejubilados necesitan tener un mínimo de 10 años de entigüedad en la empresa.
Además, la Zeta proponía la congelación salarial hasta el año 2011 y nuevas tablas salariales basadas en grupos profesoinales con distinta retribución de los que existen actualmente.
Los trabajadores rehusan las condiciones
Estas condiciones no son aceptadas por los trabajadores, que en los próximos días celebrarán distintas asambleas para decidir cómo responden al expediente de regulación que se presenta hoy. En principio, han amenazado ya a Zeta con una huelga que afectaría a los días 8, 15 y 16 de enero como primera medida de presión, pero esta decisión no es firme, ya que ha de aprobarse por las diferentes asambleas. La principal de ellas, además, será el día 7 de enero, cuando los empleados de Ediciones Primera Plana compañía editora de El Periódico de Cataluña, decidan si van a la huelga. El rotativo barcelonés es el buque insignia de Zeta y la compañía que gana más dinero del grupo, aunque también es la más afectada por los recortes previstos: Asensio quiere despedir a 76 empleados de esta empresa, de los que 53 son periodistas.
Los propios trabajadores del periódico han comenzado a movilizarse y, además de un manifiesto interno donde muestran su preocupación por la deriva de la situación y la degradación que está sufriendo el grupo en los últimos meses, buscan nuevos apoyos legales y alternativas con las que oponerse al expediente de regulación que Zeta presenta en Madrid. La gran preocupación de la cúpula de Zeta es que si El Periódico va a la huelga, se corta la principal vía de financiación del grupo, además de afectar seriamente a la imagen de la compañía. En la entrega de los últimos Premios Antonio Asensio, celebrados en el Auditorio de Barcelona, un grupo de trabajadores de Primera Plana causó un profundo disgusto a Antonio Asensio Mosbah, porque lo reibieron con una cacerolada y pitidos a la entrada del edificio donde se iba a celebrar la gala. El joven empresario (27 años), dicen los que le conocen, teme que la situación pueda llegar a ser mucho más desagradable.
El grupo Zeta presenta hoy un expediente de regulación de empleo ante el Ministerio de Trabajo que afecta a 531 de los 2.300 empleados que conforman la plantilla. La resolución fue presentada ayer por la empresa en la teecera reunión de la comisión negociadora, que acabó abruptamente tras la imposibilidad de llegar a un mínimo acuerdo entre trabajadores y empresa. Después de fiestas, volverán a reanudarse las negociaciones con un calendario de movilizaciones de los trabajadores sobre la mesa y, si las cosas no se suavizan, con la amenaza de varias huelgas para las que ya se apunta un calendario provisional.
La de ayer se trataba de una reunión más para encontrar una salida a la crisis del emporio que controla Antonio Asensio Mosbah. La única novedad respecto a las anteriores ofertas de Zeta es que el expediente afecta sólo a 531 personas en vez de a 533, como se había propuesto con anteriodad. Fuentes de los comités de empresa del grupo manifestaron a El Confidencial que “tras cinco horas de negociación, la empresa abandonó la reunión porque los representantes de los trabajadores se negaron a aceptar la presentación del expediente de regulación”.
La posibilidad de presentar un expediente durante las fiestas navideñas era una posibilidad que ya había sido adelantada por este diario. Fuentes de los comités de empresa añaden, además, que “el expediente está dirigido por Juan Chozas, abogado contratado por Asensio para pilotar los despidos y que había sido secretario general de empleo del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, llevará la documentación a sus antiguos subordinados”.
Fuentes de la empresa matizaron que hubo una primera reunión de casi tres horas, donde se presentó a los trabajadores un plan de reducción de empleo y “donde se marcaron plazos obligatorios y necesarios para llevar a cabo el plan de viabilidad del grupo. Ellos, en principio, lo vieron bien y lo discutieron, pero cuando volvió a reemprenderse la reunión hicieron una contraoferta. Los sindicatos se mantuvieron firmes en que si no se retiraba la cláusula que hacía referncia al expediente no se podía hacer nada, mientras que la empresa mantenía que esa cláusula es impresincidible. En estas circunstancias, se levantó la reunión porque no tenía sentido seguir negociando”.
La cúpula de Zeta sostiene que la situación del grupo “es grave” y que “si se quiere asegurar la viabilidad, hay que marcar unos plazos para reducir los costes que se soportan”. La propuesta preveía la drástica reducción de plantillas: los trabajadores hasta 57 años, tendrán derecho a una indemnización de 30 días por año trabajado y 14 mensualidades; los que tienen entre 58 y 61 años, serán prejubilados percibiendo el 60% del salario bruto más el convenio especial de cotización a la Seguridad Social; los que tienen 62 y 63 años, serán jubilados con el 60% del salario bruto; y los mayores de 63 años, recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. El salario regulador se establece en un tope de 55.000 euros brutos anuales y los prejubilados necesitan tener un mínimo de 10 años de entigüedad en la empresa.
Además, la Zeta proponía la congelación salarial hasta el año 2011 y nuevas tablas salariales basadas en grupos profesoinales con distinta retribución de los que existen actualmente.
Los trabajadores rehusan las condiciones
Estas condiciones no son aceptadas por los trabajadores, que en los próximos días celebrarán distintas asambleas para decidir cómo responden al expediente de regulación que se presenta hoy. En principio, han amenazado ya a Zeta con una huelga que afectaría a los días 8, 15 y 16 de enero como primera medida de presión, pero esta decisión no es firme, ya que ha de aprobarse por las diferentes asambleas. La principal de ellas, además, será el día 7 de enero, cuando los empleados de Ediciones Primera Plana compañía editora de El Periódico de Cataluña, decidan si van a la huelga. El rotativo barcelonés es el buque insignia de Zeta y la compañía que gana más dinero del grupo, aunque también es la más afectada por los recortes previstos: Asensio quiere despedir a 76 empleados de esta empresa, de los que 53 son periodistas.
Los propios trabajadores del periódico han comenzado a movilizarse y, además de un manifiesto interno donde muestran su preocupación por la deriva de la situación y la degradación que está sufriendo el grupo en los últimos meses, buscan nuevos apoyos legales y alternativas con las que oponerse al expediente de regulación que Zeta presenta en Madrid. La gran preocupación de la cúpula de Zeta es que si El Periódico va a la huelga, se corta la principal vía de financiación del grupo, además de afectar seriamente a la imagen de la compañía. En la entrega de los últimos Premios Antonio Asensio, celebrados en el Auditorio de Barcelona, un grupo de trabajadores de Primera Plana causó un profundo disgusto a Antonio Asensio Mosbah, porque lo reibieron con una cacerolada y pitidos a la entrada del edificio donde se iba a celebrar la gala. El joven empresario (27 años), dicen los que le conocen, teme que la situación pueda llegar a ser mucho más desagradable.
martes, 30 de diciembre de 2008
La dirección de 'El País' utilizó escolta policial y rotativas externas para salvarse de la huelga
“Estamos hablando con varios abogados para denunciar que la dirección de El País ha suplantado a los trabajadores durante la huelga y ha impreso el periódico en rotativas externas a la empresa”. El comité de empresa de El País ha roto por completo las relaciones con la dirección. Según su máximo representante, Juan Manuel Gil, las ediciones prohibidas de este fin de semana, que en un principio no iban a existir pero que finalmente llegaron a los quioscos, fueron impresas en rotativas "de otros" en Burgos, Sevilla o Valencia. Además, los ejemplares fueron escoltados por la Guardia Civil desde los puntos de impresión hasta la misma capital “para asegurar que llegaba a su destino”.
“Dirección hizo lo imposible por sacar el periódico, incluso nos consta el caso de una directora que amenazó con despidos a los que secundaran la huelga y a la que pensamos denunciar judicialmente” aseguró Juan Manuel a El Confidencial. La situación no podría estar peor, según el líder sindical “la gente llora de miedo en la redacción, y los especialmente afectados por el traslado –la externalización de los servicios publicitarios a Box News Publicidad- temen que si no callan y obedece puedan ser despedidos”.
Por su parte, la dirección no ha dado su brazo a torcer. A pesar de la huelga y de las protestas, la decisión de trasladar a 57 personas del departamento comercial de El País y otros medios de Prisa a la nueva plataforma Box News Publicidad sigue en pie, y se hará efectiva a partir del 1 de enero, es decir, el próximo jueves.
Las medidas a tomar por parte de los sindicatos empezarán a saberse la próxima semana, ya que las fechas navideñas han impedido una mayor coordinación y agilidad en los procesos. “Tenemos que hacer una junta y votar las medidas, pero tenemos muy claro que las relaciones están rotas, que los altos cargos han suplantado a los trabajadores en huelga y que encima se han impreso las ediciones en rotativas ajenas a las de la empresa”, sentenció Juan Manuel.
De acuerdo con la versión ofrecida por los sindicatos, la situación sería similar a la acontecida en la huelga general que se vivió en El Mundo en el año 2002. Como recordó un redactor jefe de cierre del periódico, Pedro J. Ramírez consiguió que los ejemplares del diario fueron trasladados por efectivos del Cuerpo Nacial de Policía desde la imprenta hasta determinados puntos de distribución, dada la existencia de piquetes en las puertas de las rotativas.
Estrategias desesperadas para situaciones complicadas
Cerrando este 2008 con un 20% menos de publicidad, con menos lectores que otros años y los trabajadores descontentos, El País inició el pasado mes de noviembre una promoción conjunta con algunas firmas hosteleras para ofrecer el periódico a cambio de un desayuno completo.
Esta promoción seguía vigente este fin de semana, y en las distintas franquicias de Rodilla, Café de Jamaica y Café de Indias se podía adquirir El País, “gratis”, si se adquiría un desayuno completo (café, bollería y zumo de naranja) por un euro más.
De no haber conseguido imprimir las ediciones del fin de semana, esta promoción no hubiera podido culminarse. La estrategia comercial, que lleva un mes funcionando, ha suscitado reacciones contrarias dentro del sector.
Según la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, esta promoción “comporta actos prohibidos por el artículo 1.1 de la ley 15/07 de Defensa de la Competencia, según la cual se prohíbe todo acuerdo o práctica concertada que tenga por objeto, o pueda producir el efecto, de impedir o restringir la competencia”. Para esta asociación la promoción perjudica directamente a los vendedores de prensa, para lo que se puso en contacto con la dirección de El País. De esto hace más de un mes, y la promoción sigue activa.
“Dirección hizo lo imposible por sacar el periódico, incluso nos consta el caso de una directora que amenazó con despidos a los que secundaran la huelga y a la que pensamos denunciar judicialmente” aseguró Juan Manuel a El Confidencial. La situación no podría estar peor, según el líder sindical “la gente llora de miedo en la redacción, y los especialmente afectados por el traslado –la externalización de los servicios publicitarios a Box News Publicidad- temen que si no callan y obedece puedan ser despedidos”.
Por su parte, la dirección no ha dado su brazo a torcer. A pesar de la huelga y de las protestas, la decisión de trasladar a 57 personas del departamento comercial de El País y otros medios de Prisa a la nueva plataforma Box News Publicidad sigue en pie, y se hará efectiva a partir del 1 de enero, es decir, el próximo jueves.
Las medidas a tomar por parte de los sindicatos empezarán a saberse la próxima semana, ya que las fechas navideñas han impedido una mayor coordinación y agilidad en los procesos. “Tenemos que hacer una junta y votar las medidas, pero tenemos muy claro que las relaciones están rotas, que los altos cargos han suplantado a los trabajadores en huelga y que encima se han impreso las ediciones en rotativas ajenas a las de la empresa”, sentenció Juan Manuel.
De acuerdo con la versión ofrecida por los sindicatos, la situación sería similar a la acontecida en la huelga general que se vivió en El Mundo en el año 2002. Como recordó un redactor jefe de cierre del periódico, Pedro J. Ramírez consiguió que los ejemplares del diario fueron trasladados por efectivos del Cuerpo Nacial de Policía desde la imprenta hasta determinados puntos de distribución, dada la existencia de piquetes en las puertas de las rotativas.
Estrategias desesperadas para situaciones complicadas
Cerrando este 2008 con un 20% menos de publicidad, con menos lectores que otros años y los trabajadores descontentos, El País inició el pasado mes de noviembre una promoción conjunta con algunas firmas hosteleras para ofrecer el periódico a cambio de un desayuno completo.
Esta promoción seguía vigente este fin de semana, y en las distintas franquicias de Rodilla, Café de Jamaica y Café de Indias se podía adquirir El País, “gratis”, si se adquiría un desayuno completo (café, bollería y zumo de naranja) por un euro más.
De no haber conseguido imprimir las ediciones del fin de semana, esta promoción no hubiera podido culminarse. La estrategia comercial, que lleva un mes funcionando, ha suscitado reacciones contrarias dentro del sector.
Según la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, esta promoción “comporta actos prohibidos por el artículo 1.1 de la ley 15/07 de Defensa de la Competencia, según la cual se prohíbe todo acuerdo o práctica concertada que tenga por objeto, o pueda producir el efecto, de impedir o restringir la competencia”. Para esta asociación la promoción perjudica directamente a los vendedores de prensa, para lo que se puso en contacto con la dirección de El País. De esto hace más de un mes, y la promoción sigue activa.
jueves, 25 de diciembre de 2008
Posibles nuevos recortes en las auxiliares del metal a partir de enero
Las centrales aseveran que las firmas avilesinas atraviesan una situación complicada con la nueva bajada de producción de Arcelor
Los sindicatos alertaron ayer de posibles nuevos recortes en las plantillas de las firmas auxiliares a partir de enero, cuando la cabecera avilesina de Arcelor-Mittal empezará a aplicar nuevos recortes en la producción. Los representantes de los trabajadores trasladaron ayer su preocupación al Gobierno regional, durante la reunión de la comisión de seguimiento de las auxiliares, un encuentro que se celebró en la Consejería de Industria y en la que también hubo representación de la multinacional siderúrgica y de las direcciones generales de Trabajo y de Industria del Principado.
«A partir de enero las auxiliares empezarán a definir si optan por expedientes de regulación o adoptan otras medidas para afrontar los recortes, como adelanto de vacaciones, etcétera. La situación es complicada en Avilés. En Veriña (donde se encuentra el resto de instalaciones de Arcelor en Asturias), por el momento, no hay demasiados problemas», apuntó ayer un portavoz sindical de las auxiliares, tras la reunión. Según los sindicatos, «prácticamente todas las firmas que dependen de Arcelor se encuentran en la cuerda floja». Mientras los representantes de los trabajadores consultados no dudan a la hora de calificar de alarmante la situación de las empresas que trabajan para el gigante del acero, desde el Principado realizaron un llamamiento a la calma. El director de Trabajo, Antonio González Fernández, señaló que la comarca es la más afectada por la caída de las ventas en el sector del automóvil, aunque añadió: «Nos encontramos ante situaciones coyunturales». «Arcelor-Asturias se encuentra entre las compañías en mejor situación del grupo Arcelor-Mittal. Por cuestiones de actividad y de recortes de la demanda la cabecera de Avilés afronta mayores reducciones. Confiamos en que remontará», añadió González Fernández.
Uno de los puntos fuertes de la reunión celebrada ayer lo constituyó el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Daorje, la primera auxiliar de Arcelor que ha adoptado esta medida, que puede afectar a unos 250 trabajadores. Tal como estaba previsto, será la Dirección de Trabajo y Empleo la que se pronuncie en unos días sobre el ERE planteado por la firma de mantenimiento y montajes industriales. Los sindicatos plantearon que Arcelor asuma parte del coste que acarrean los expedientes y mantuvieron su rechazo a la última oferta de la empresa: la salida de los trabajadores con un 90 por ciento del salario. Y es que temen que a este expediente le suceda un goteo constante a partir del próximo enero.
La plantilla de Arcelor propone medidas para evitar despidos en Baterías
El comité de empresa de Arcelor-Mittal quiere mitigar lo máximo posible las consecuencias de las decisiones tomadas por la compañía el pasado viernes. La siderúrgica anunció entonces distintas paradas en el proceso productivo de la cabecera de Avilés (baterías, tren de bandas en caliente, acería y líneas acabadoras).
El departamento de recursos humanos se reunió ayer por la mañana con los representantes de los trabajadores. Les comunicó oficialmente que Arcelor-Mittal había determinado parar las baterías 7 y 8, reducir la producción de la acería, programar distintas parálisis en el tren de laminación y reducir el trabajo de la línea galvanizado II. Asimismo, les comunicó que esta última línea, la de inspección y la de tándem I, parará también una semana en enero, otra en febrero y otra más en marzo. De toda esta serie de decisiones sólo se han cuantificado las consecuencias en Baterías de Coque. Según la empresa, si se apagan las baterías 7 y 8 sobran veinticinco personas.
Los sindicatos representados en el comité presentaron a la dirección de la compañía una serie de medidas que quieren evitar que las decisiones de la compañía corran de la cuenta de los empleados. «Todas nuestras propuestas están dentro del convenio», explicó Raúl Marquínez, presidente del organismo. José Luis Porto, de la USO en Arcelor, explicó que la preocupación mayor está, precisamente, en Baterías. «Hay muchas posibilidades de actuación y todas están abiertas», comentó. «Se puede aplicar la jornada irregular, las vacaciones, adelantar el coeficiente reductor e, incluso, hablar de traslados a Veriña. Todo antes de los despidos», añadió Porto. «A finales de semana nos volveremos a ver con la dirección para saber qué respuesta nos dan», concluyó Marquínez.
Los sindicatos alertaron ayer de posibles nuevos recortes en las plantillas de las firmas auxiliares a partir de enero, cuando la cabecera avilesina de Arcelor-Mittal empezará a aplicar nuevos recortes en la producción. Los representantes de los trabajadores trasladaron ayer su preocupación al Gobierno regional, durante la reunión de la comisión de seguimiento de las auxiliares, un encuentro que se celebró en la Consejería de Industria y en la que también hubo representación de la multinacional siderúrgica y de las direcciones generales de Trabajo y de Industria del Principado.
«A partir de enero las auxiliares empezarán a definir si optan por expedientes de regulación o adoptan otras medidas para afrontar los recortes, como adelanto de vacaciones, etcétera. La situación es complicada en Avilés. En Veriña (donde se encuentra el resto de instalaciones de Arcelor en Asturias), por el momento, no hay demasiados problemas», apuntó ayer un portavoz sindical de las auxiliares, tras la reunión. Según los sindicatos, «prácticamente todas las firmas que dependen de Arcelor se encuentran en la cuerda floja». Mientras los representantes de los trabajadores consultados no dudan a la hora de calificar de alarmante la situación de las empresas que trabajan para el gigante del acero, desde el Principado realizaron un llamamiento a la calma. El director de Trabajo, Antonio González Fernández, señaló que la comarca es la más afectada por la caída de las ventas en el sector del automóvil, aunque añadió: «Nos encontramos ante situaciones coyunturales». «Arcelor-Asturias se encuentra entre las compañías en mejor situación del grupo Arcelor-Mittal. Por cuestiones de actividad y de recortes de la demanda la cabecera de Avilés afronta mayores reducciones. Confiamos en que remontará», añadió González Fernández.
Uno de los puntos fuertes de la reunión celebrada ayer lo constituyó el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Daorje, la primera auxiliar de Arcelor que ha adoptado esta medida, que puede afectar a unos 250 trabajadores. Tal como estaba previsto, será la Dirección de Trabajo y Empleo la que se pronuncie en unos días sobre el ERE planteado por la firma de mantenimiento y montajes industriales. Los sindicatos plantearon que Arcelor asuma parte del coste que acarrean los expedientes y mantuvieron su rechazo a la última oferta de la empresa: la salida de los trabajadores con un 90 por ciento del salario. Y es que temen que a este expediente le suceda un goteo constante a partir del próximo enero.
La plantilla de Arcelor propone medidas para evitar despidos en Baterías
El comité de empresa de Arcelor-Mittal quiere mitigar lo máximo posible las consecuencias de las decisiones tomadas por la compañía el pasado viernes. La siderúrgica anunció entonces distintas paradas en el proceso productivo de la cabecera de Avilés (baterías, tren de bandas en caliente, acería y líneas acabadoras).
El departamento de recursos humanos se reunió ayer por la mañana con los representantes de los trabajadores. Les comunicó oficialmente que Arcelor-Mittal había determinado parar las baterías 7 y 8, reducir la producción de la acería, programar distintas parálisis en el tren de laminación y reducir el trabajo de la línea galvanizado II. Asimismo, les comunicó que esta última línea, la de inspección y la de tándem I, parará también una semana en enero, otra en febrero y otra más en marzo. De toda esta serie de decisiones sólo se han cuantificado las consecuencias en Baterías de Coque. Según la empresa, si se apagan las baterías 7 y 8 sobran veinticinco personas.
Los sindicatos representados en el comité presentaron a la dirección de la compañía una serie de medidas que quieren evitar que las decisiones de la compañía corran de la cuenta de los empleados. «Todas nuestras propuestas están dentro del convenio», explicó Raúl Marquínez, presidente del organismo. José Luis Porto, de la USO en Arcelor, explicó que la preocupación mayor está, precisamente, en Baterías. «Hay muchas posibilidades de actuación y todas están abiertas», comentó. «Se puede aplicar la jornada irregular, las vacaciones, adelantar el coeficiente reductor e, incluso, hablar de traslados a Veriña. Todo antes de los despidos», añadió Porto. «A finales de semana nos volveremos a ver con la dirección para saber qué respuesta nos dan», concluyó Marquínez.
lunes, 22 de diciembre de 2008
Los trabajadores de Renfe convocan un paro de 24 horas para el día 29
La empresa se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo, según fuentes sindicales
El Comité General de Empresa (CGE) de Renfe Operadora ha convocado un paro de 24 horas el 29 de diciembre ante la postura de la empresa, que se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo en los términos previstos en el mismo, informaron fuentes sindicales.
De los 13 miembros que conforman actualmente el CGE (CCOO, Semaf, UGT, CGT, y Sindicato Ferroviario), nueve se han mostrado a favor de la prórroga, la mayoría por tanto del Comité, mientras que los cuatro miembros restantes, pertenecientes a Semaf, no se han manifestado al respecto.
Las mismas fuentes han indicado que el CGE planteó fijar y concretar las condiciones de la prorroga del I Convenio Colectivo, tal y como se recoge en las cláusulas al efecto, y la respuesta de la empresa ha sido que se compromete a hacerlo siempre y cuando lo apoye la mayoría.
Por su parte, fuentes de la empresa indicaron a EFE que no se entiende que se convoque una huelga cuando en las cláusulas del I Convenio Colectivo se indica que si "no media una denuncia, se prorroga automáticamente a partir del 1 de enero del 2009, y no se ha dado esta denuncia por ninguna de las partes".
Asimismo, Renfe recuerda que los incrementos salariales están fijados en la cláusula tercera donde se indica que se llevarán a cabo de acuerdo con los marcados para la función pública.
Compromisos y garantías de empleo
Las fuentes sindicales, han señalado a EFE que "ante la situación hemos acudido a la Comisión de Conflictos para que resuelva esta cuestión, y tras la reunión del día 16, no se llegó a ningún acuerdo".
Ante ello, en reunión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre y de nuevo sin la asistencia de Semaf, el CGE decidió por mayoría, convocar huelga de 24 horas el próximo lunes 29 de diciembre en un intento de que la empresa se avenga a reconsiderar su postura.
Para los representantes sindicales, la prórroga conllevaría compromisos y garantías de empleo, el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo, y continuar con las negociaciones del Desarrollo Profesional, al margen de seguir trabajando en el resto de materias del Convenio que son objeto de negociación.
El Comité de Empresa ha llamado a participar en la huelga a los aproximadamente 15.000 trabajadores de Renfe Operadora, para protestar contra la actitud de la empresa y exigir que cumpla lo que recoge el Convenio Colectivo en vigor.
El Comité General de Empresa (CGE) de Renfe Operadora ha convocado un paro de 24 horas el 29 de diciembre ante la postura de la empresa, que se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo en los términos previstos en el mismo, informaron fuentes sindicales.
De los 13 miembros que conforman actualmente el CGE (CCOO, Semaf, UGT, CGT, y Sindicato Ferroviario), nueve se han mostrado a favor de la prórroga, la mayoría por tanto del Comité, mientras que los cuatro miembros restantes, pertenecientes a Semaf, no se han manifestado al respecto.
Las mismas fuentes han indicado que el CGE planteó fijar y concretar las condiciones de la prorroga del I Convenio Colectivo, tal y como se recoge en las cláusulas al efecto, y la respuesta de la empresa ha sido que se compromete a hacerlo siempre y cuando lo apoye la mayoría.
Por su parte, fuentes de la empresa indicaron a EFE que no se entiende que se convoque una huelga cuando en las cláusulas del I Convenio Colectivo se indica que si "no media una denuncia, se prorroga automáticamente a partir del 1 de enero del 2009, y no se ha dado esta denuncia por ninguna de las partes".
Asimismo, Renfe recuerda que los incrementos salariales están fijados en la cláusula tercera donde se indica que se llevarán a cabo de acuerdo con los marcados para la función pública.
Compromisos y garantías de empleo
Las fuentes sindicales, han señalado a EFE que "ante la situación hemos acudido a la Comisión de Conflictos para que resuelva esta cuestión, y tras la reunión del día 16, no se llegó a ningún acuerdo".
Ante ello, en reunión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre y de nuevo sin la asistencia de Semaf, el CGE decidió por mayoría, convocar huelga de 24 horas el próximo lunes 29 de diciembre en un intento de que la empresa se avenga a reconsiderar su postura.
Para los representantes sindicales, la prórroga conllevaría compromisos y garantías de empleo, el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo, y continuar con las negociaciones del Desarrollo Profesional, al margen de seguir trabajando en el resto de materias del Convenio que son objeto de negociación.
El Comité de Empresa ha llamado a participar en la huelga a los aproximadamente 15.000 trabajadores de Renfe Operadora, para protestar contra la actitud de la empresa y exigir que cumpla lo que recoge el Convenio Colectivo en vigor.
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