“Estamos hablando con varios abogados para denunciar que la dirección de El País ha suplantado a los trabajadores durante la huelga y ha impreso el periódico en rotativas externas a la empresa”. El comité de empresa de El País ha roto por completo las relaciones con la dirección. Según su máximo representante, Juan Manuel Gil, las ediciones prohibidas de este fin de semana, que en un principio no iban a existir pero que finalmente llegaron a los quioscos, fueron impresas en rotativas "de otros" en Burgos, Sevilla o Valencia. Además, los ejemplares fueron escoltados por la Guardia Civil desde los puntos de impresión hasta la misma capital “para asegurar que llegaba a su destino”.
“Dirección hizo lo imposible por sacar el periódico, incluso nos consta el caso de una directora que amenazó con despidos a los que secundaran la huelga y a la que pensamos denunciar judicialmente” aseguró Juan Manuel a El Confidencial. La situación no podría estar peor, según el líder sindical “la gente llora de miedo en la redacción, y los especialmente afectados por el traslado –la externalización de los servicios publicitarios a Box News Publicidad- temen que si no callan y obedece puedan ser despedidos”.
Por su parte, la dirección no ha dado su brazo a torcer. A pesar de la huelga y de las protestas, la decisión de trasladar a 57 personas del departamento comercial de El País y otros medios de Prisa a la nueva plataforma Box News Publicidad sigue en pie, y se hará efectiva a partir del 1 de enero, es decir, el próximo jueves.
Las medidas a tomar por parte de los sindicatos empezarán a saberse la próxima semana, ya que las fechas navideñas han impedido una mayor coordinación y agilidad en los procesos. “Tenemos que hacer una junta y votar las medidas, pero tenemos muy claro que las relaciones están rotas, que los altos cargos han suplantado a los trabajadores en huelga y que encima se han impreso las ediciones en rotativas ajenas a las de la empresa”, sentenció Juan Manuel.
De acuerdo con la versión ofrecida por los sindicatos, la situación sería similar a la acontecida en la huelga general que se vivió en El Mundo en el año 2002. Como recordó un redactor jefe de cierre del periódico, Pedro J. Ramírez consiguió que los ejemplares del diario fueron trasladados por efectivos del Cuerpo Nacial de Policía desde la imprenta hasta determinados puntos de distribución, dada la existencia de piquetes en las puertas de las rotativas.
Estrategias desesperadas para situaciones complicadas
Cerrando este 2008 con un 20% menos de publicidad, con menos lectores que otros años y los trabajadores descontentos, El País inició el pasado mes de noviembre una promoción conjunta con algunas firmas hosteleras para ofrecer el periódico a cambio de un desayuno completo.
Esta promoción seguía vigente este fin de semana, y en las distintas franquicias de Rodilla, Café de Jamaica y Café de Indias se podía adquirir El País, “gratis”, si se adquiría un desayuno completo (café, bollería y zumo de naranja) por un euro más.
De no haber conseguido imprimir las ediciones del fin de semana, esta promoción no hubiera podido culminarse. La estrategia comercial, que lleva un mes funcionando, ha suscitado reacciones contrarias dentro del sector.
Según la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, esta promoción “comporta actos prohibidos por el artículo 1.1 de la ley 15/07 de Defensa de la Competencia, según la cual se prohíbe todo acuerdo o práctica concertada que tenga por objeto, o pueda producir el efecto, de impedir o restringir la competencia”. Para esta asociación la promoción perjudica directamente a los vendedores de prensa, para lo que se puso en contacto con la dirección de El País. De esto hace más de un mes, y la promoción sigue activa.
martes, 30 de diciembre de 2008
jueves, 25 de diciembre de 2008
Posibles nuevos recortes en las auxiliares del metal a partir de enero
Las centrales aseveran que las firmas avilesinas atraviesan una situación complicada con la nueva bajada de producción de Arcelor
Los sindicatos alertaron ayer de posibles nuevos recortes en las plantillas de las firmas auxiliares a partir de enero, cuando la cabecera avilesina de Arcelor-Mittal empezará a aplicar nuevos recortes en la producción. Los representantes de los trabajadores trasladaron ayer su preocupación al Gobierno regional, durante la reunión de la comisión de seguimiento de las auxiliares, un encuentro que se celebró en la Consejería de Industria y en la que también hubo representación de la multinacional siderúrgica y de las direcciones generales de Trabajo y de Industria del Principado.
«A partir de enero las auxiliares empezarán a definir si optan por expedientes de regulación o adoptan otras medidas para afrontar los recortes, como adelanto de vacaciones, etcétera. La situación es complicada en Avilés. En Veriña (donde se encuentra el resto de instalaciones de Arcelor en Asturias), por el momento, no hay demasiados problemas», apuntó ayer un portavoz sindical de las auxiliares, tras la reunión. Según los sindicatos, «prácticamente todas las firmas que dependen de Arcelor se encuentran en la cuerda floja». Mientras los representantes de los trabajadores consultados no dudan a la hora de calificar de alarmante la situación de las empresas que trabajan para el gigante del acero, desde el Principado realizaron un llamamiento a la calma. El director de Trabajo, Antonio González Fernández, señaló que la comarca es la más afectada por la caída de las ventas en el sector del automóvil, aunque añadió: «Nos encontramos ante situaciones coyunturales». «Arcelor-Asturias se encuentra entre las compañías en mejor situación del grupo Arcelor-Mittal. Por cuestiones de actividad y de recortes de la demanda la cabecera de Avilés afronta mayores reducciones. Confiamos en que remontará», añadió González Fernández.
Uno de los puntos fuertes de la reunión celebrada ayer lo constituyó el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Daorje, la primera auxiliar de Arcelor que ha adoptado esta medida, que puede afectar a unos 250 trabajadores. Tal como estaba previsto, será la Dirección de Trabajo y Empleo la que se pronuncie en unos días sobre el ERE planteado por la firma de mantenimiento y montajes industriales. Los sindicatos plantearon que Arcelor asuma parte del coste que acarrean los expedientes y mantuvieron su rechazo a la última oferta de la empresa: la salida de los trabajadores con un 90 por ciento del salario. Y es que temen que a este expediente le suceda un goteo constante a partir del próximo enero.
La plantilla de Arcelor propone medidas para evitar despidos en Baterías
El comité de empresa de Arcelor-Mittal quiere mitigar lo máximo posible las consecuencias de las decisiones tomadas por la compañía el pasado viernes. La siderúrgica anunció entonces distintas paradas en el proceso productivo de la cabecera de Avilés (baterías, tren de bandas en caliente, acería y líneas acabadoras).
El departamento de recursos humanos se reunió ayer por la mañana con los representantes de los trabajadores. Les comunicó oficialmente que Arcelor-Mittal había determinado parar las baterías 7 y 8, reducir la producción de la acería, programar distintas parálisis en el tren de laminación y reducir el trabajo de la línea galvanizado II. Asimismo, les comunicó que esta última línea, la de inspección y la de tándem I, parará también una semana en enero, otra en febrero y otra más en marzo. De toda esta serie de decisiones sólo se han cuantificado las consecuencias en Baterías de Coque. Según la empresa, si se apagan las baterías 7 y 8 sobran veinticinco personas.
Los sindicatos representados en el comité presentaron a la dirección de la compañía una serie de medidas que quieren evitar que las decisiones de la compañía corran de la cuenta de los empleados. «Todas nuestras propuestas están dentro del convenio», explicó Raúl Marquínez, presidente del organismo. José Luis Porto, de la USO en Arcelor, explicó que la preocupación mayor está, precisamente, en Baterías. «Hay muchas posibilidades de actuación y todas están abiertas», comentó. «Se puede aplicar la jornada irregular, las vacaciones, adelantar el coeficiente reductor e, incluso, hablar de traslados a Veriña. Todo antes de los despidos», añadió Porto. «A finales de semana nos volveremos a ver con la dirección para saber qué respuesta nos dan», concluyó Marquínez.
Los sindicatos alertaron ayer de posibles nuevos recortes en las plantillas de las firmas auxiliares a partir de enero, cuando la cabecera avilesina de Arcelor-Mittal empezará a aplicar nuevos recortes en la producción. Los representantes de los trabajadores trasladaron ayer su preocupación al Gobierno regional, durante la reunión de la comisión de seguimiento de las auxiliares, un encuentro que se celebró en la Consejería de Industria y en la que también hubo representación de la multinacional siderúrgica y de las direcciones generales de Trabajo y de Industria del Principado.
«A partir de enero las auxiliares empezarán a definir si optan por expedientes de regulación o adoptan otras medidas para afrontar los recortes, como adelanto de vacaciones, etcétera. La situación es complicada en Avilés. En Veriña (donde se encuentra el resto de instalaciones de Arcelor en Asturias), por el momento, no hay demasiados problemas», apuntó ayer un portavoz sindical de las auxiliares, tras la reunión. Según los sindicatos, «prácticamente todas las firmas que dependen de Arcelor se encuentran en la cuerda floja». Mientras los representantes de los trabajadores consultados no dudan a la hora de calificar de alarmante la situación de las empresas que trabajan para el gigante del acero, desde el Principado realizaron un llamamiento a la calma. El director de Trabajo, Antonio González Fernández, señaló que la comarca es la más afectada por la caída de las ventas en el sector del automóvil, aunque añadió: «Nos encontramos ante situaciones coyunturales». «Arcelor-Asturias se encuentra entre las compañías en mejor situación del grupo Arcelor-Mittal. Por cuestiones de actividad y de recortes de la demanda la cabecera de Avilés afronta mayores reducciones. Confiamos en que remontará», añadió González Fernández.
Uno de los puntos fuertes de la reunión celebrada ayer lo constituyó el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Daorje, la primera auxiliar de Arcelor que ha adoptado esta medida, que puede afectar a unos 250 trabajadores. Tal como estaba previsto, será la Dirección de Trabajo y Empleo la que se pronuncie en unos días sobre el ERE planteado por la firma de mantenimiento y montajes industriales. Los sindicatos plantearon que Arcelor asuma parte del coste que acarrean los expedientes y mantuvieron su rechazo a la última oferta de la empresa: la salida de los trabajadores con un 90 por ciento del salario. Y es que temen que a este expediente le suceda un goteo constante a partir del próximo enero.
La plantilla de Arcelor propone medidas para evitar despidos en Baterías
El comité de empresa de Arcelor-Mittal quiere mitigar lo máximo posible las consecuencias de las decisiones tomadas por la compañía el pasado viernes. La siderúrgica anunció entonces distintas paradas en el proceso productivo de la cabecera de Avilés (baterías, tren de bandas en caliente, acería y líneas acabadoras).
El departamento de recursos humanos se reunió ayer por la mañana con los representantes de los trabajadores. Les comunicó oficialmente que Arcelor-Mittal había determinado parar las baterías 7 y 8, reducir la producción de la acería, programar distintas parálisis en el tren de laminación y reducir el trabajo de la línea galvanizado II. Asimismo, les comunicó que esta última línea, la de inspección y la de tándem I, parará también una semana en enero, otra en febrero y otra más en marzo. De toda esta serie de decisiones sólo se han cuantificado las consecuencias en Baterías de Coque. Según la empresa, si se apagan las baterías 7 y 8 sobran veinticinco personas.
Los sindicatos representados en el comité presentaron a la dirección de la compañía una serie de medidas que quieren evitar que las decisiones de la compañía corran de la cuenta de los empleados. «Todas nuestras propuestas están dentro del convenio», explicó Raúl Marquínez, presidente del organismo. José Luis Porto, de la USO en Arcelor, explicó que la preocupación mayor está, precisamente, en Baterías. «Hay muchas posibilidades de actuación y todas están abiertas», comentó. «Se puede aplicar la jornada irregular, las vacaciones, adelantar el coeficiente reductor e, incluso, hablar de traslados a Veriña. Todo antes de los despidos», añadió Porto. «A finales de semana nos volveremos a ver con la dirección para saber qué respuesta nos dan», concluyó Marquínez.
lunes, 22 de diciembre de 2008
Los trabajadores de Renfe convocan un paro de 24 horas para el día 29
La empresa se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo, según fuentes sindicales
El Comité General de Empresa (CGE) de Renfe Operadora ha convocado un paro de 24 horas el 29 de diciembre ante la postura de la empresa, que se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo en los términos previstos en el mismo, informaron fuentes sindicales.
De los 13 miembros que conforman actualmente el CGE (CCOO, Semaf, UGT, CGT, y Sindicato Ferroviario), nueve se han mostrado a favor de la prórroga, la mayoría por tanto del Comité, mientras que los cuatro miembros restantes, pertenecientes a Semaf, no se han manifestado al respecto.
Las mismas fuentes han indicado que el CGE planteó fijar y concretar las condiciones de la prorroga del I Convenio Colectivo, tal y como se recoge en las cláusulas al efecto, y la respuesta de la empresa ha sido que se compromete a hacerlo siempre y cuando lo apoye la mayoría.
Por su parte, fuentes de la empresa indicaron a EFE que no se entiende que se convoque una huelga cuando en las cláusulas del I Convenio Colectivo se indica que si "no media una denuncia, se prorroga automáticamente a partir del 1 de enero del 2009, y no se ha dado esta denuncia por ninguna de las partes".
Asimismo, Renfe recuerda que los incrementos salariales están fijados en la cláusula tercera donde se indica que se llevarán a cabo de acuerdo con los marcados para la función pública.
Compromisos y garantías de empleo
Las fuentes sindicales, han señalado a EFE que "ante la situación hemos acudido a la Comisión de Conflictos para que resuelva esta cuestión, y tras la reunión del día 16, no se llegó a ningún acuerdo".
Ante ello, en reunión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre y de nuevo sin la asistencia de Semaf, el CGE decidió por mayoría, convocar huelga de 24 horas el próximo lunes 29 de diciembre en un intento de que la empresa se avenga a reconsiderar su postura.
Para los representantes sindicales, la prórroga conllevaría compromisos y garantías de empleo, el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo, y continuar con las negociaciones del Desarrollo Profesional, al margen de seguir trabajando en el resto de materias del Convenio que son objeto de negociación.
El Comité de Empresa ha llamado a participar en la huelga a los aproximadamente 15.000 trabajadores de Renfe Operadora, para protestar contra la actitud de la empresa y exigir que cumpla lo que recoge el Convenio Colectivo en vigor.
El Comité General de Empresa (CGE) de Renfe Operadora ha convocado un paro de 24 horas el 29 de diciembre ante la postura de la empresa, que se niega a atender las reivindicaciones que se le han planteando respecto a la prórroga del Convenio Colectivo en los términos previstos en el mismo, informaron fuentes sindicales.
De los 13 miembros que conforman actualmente el CGE (CCOO, Semaf, UGT, CGT, y Sindicato Ferroviario), nueve se han mostrado a favor de la prórroga, la mayoría por tanto del Comité, mientras que los cuatro miembros restantes, pertenecientes a Semaf, no se han manifestado al respecto.
Las mismas fuentes han indicado que el CGE planteó fijar y concretar las condiciones de la prorroga del I Convenio Colectivo, tal y como se recoge en las cláusulas al efecto, y la respuesta de la empresa ha sido que se compromete a hacerlo siempre y cuando lo apoye la mayoría.
Por su parte, fuentes de la empresa indicaron a EFE que no se entiende que se convoque una huelga cuando en las cláusulas del I Convenio Colectivo se indica que si "no media una denuncia, se prorroga automáticamente a partir del 1 de enero del 2009, y no se ha dado esta denuncia por ninguna de las partes".
Asimismo, Renfe recuerda que los incrementos salariales están fijados en la cláusula tercera donde se indica que se llevarán a cabo de acuerdo con los marcados para la función pública.
Compromisos y garantías de empleo
Las fuentes sindicales, han señalado a EFE que "ante la situación hemos acudido a la Comisión de Conflictos para que resuelva esta cuestión, y tras la reunión del día 16, no se llegó a ningún acuerdo".
Ante ello, en reunión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre y de nuevo sin la asistencia de Semaf, el CGE decidió por mayoría, convocar huelga de 24 horas el próximo lunes 29 de diciembre en un intento de que la empresa se avenga a reconsiderar su postura.
Para los representantes sindicales, la prórroga conllevaría compromisos y garantías de empleo, el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo, y continuar con las negociaciones del Desarrollo Profesional, al margen de seguir trabajando en el resto de materias del Convenio que son objeto de negociación.
El Comité de Empresa ha llamado a participar en la huelga a los aproximadamente 15.000 trabajadores de Renfe Operadora, para protestar contra la actitud de la empresa y exigir que cumpla lo que recoge el Convenio Colectivo en vigor.
sábado, 20 de diciembre de 2008
El congreso de CCOO elige a Toxo
El nuevo secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cerró el 9º Congreso Confederal con reproches y advertencias al presidente del Gobierno y a su equipo en materia de inmigración, de salario mínimo interprofesional y de control de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En su primer discurso como nuevo secretario general, consideró un "pírrico incremento" el que el Gobierno quiere aplicar en 2009 al salario mínimo interprofesional (SMI), que ha propuesto elevar el 3,5 por ciento, con lo que pasaría de los 600 actuales a 621 euros al mes. Al respecto, emplazó a Zapatero a que "cumpla su compromiso" con los sindicatos de revalorizar el SMI al 60 por ciento de los salarios medios que se negocien.
Su objetivo es no renunciar a este objetivo, así como corregir ese alza antes de que sea aprobado el próximo 26 de diciembre en el Consejo de Ministros. Tampoco eludió los calificativos al referirse a la reforma que ayer aprobó el Consejo de Ministros de la ley de extranjería, que acota las reagrupaciones familiares de los extranjeros y eleva a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento
En su opinión, no se puede "tolerar la injusticia" que el Gobierno ha cometido, por lo que dijo que no le "gusta", ya que da "una de cal y una de arena" a los "millones" de inmigrantes que han venido a España a tratar de mejorar su situación. Según explicó, el Gobierno ha tenido en cuenta parte de las reivindicaciones de los sindicatos en la materia, pero ha adoptado una decisión "injusta" en el reagrupamiento que lo va a "dificultar aún más", cuando el "calor más familiar es el más próximo y el que más se necesita".
Al Ministerio de Trabajo le exigió un "mayor control" sobre los expedientes de regulación, "sobre todo de los oportunistas, que pretenden aprovechar la marea de la crisis". No obstante, dijo sobre sus relaciones con el Gobierno que "no veo grandes sobresaltos, ni cambios", y puso como ejemplo el que le han llamado para felicitarle Zapatero, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián. En cuanto al titular de Trabajo, Celestino Corbacho, con quien no ha conversado aún, dijo que "tengo el teléfono abierto y he hablado con quien me ha llamado".
Un Congreso que empezó el pasado miércoles
En este 9º Congreso Confederal, que empezó el pasado miércoles 17 y concluyó el sábado, Toxo ha impedido que su predecesor José María Fidalgo saliese reelegido para un tercer mandato consecutivo -el primero fue en 2000 y el segundo fue en 2004-.
Toxo recibió anoche 512 votos (el 51,1%), frente a los 484 de Fidalgo (48,3 %) para la Secretaría General, mientras que su lista recibió 509 apoyos (el 50,8 %) y la de su predecesor 488 (el 48,7%). Con este respaldo, Toxo se convierte en el cuarto secretario general en la historia de CCOO: el primero fue Marcelino Camacho, el segundo Antonio Gutiérrez y el tercero José María Fidalgo.
El Congreso, en el que participaron 1.001 personas de las distintas delegaciones, contó con un invitado de excepción, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo ensalzó la labor de CCOO durante los últimos 30 años y advirtió a quienes piden recortes salariales y de derechos que no "llamen a su puerta".
Junto a Zapatero estuvieron sentados los ministros de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y de Igualdad, Bibiana Aído, el líder de la oposición Mariano Rajoy y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, entre otros.
Otra noticia que emocionó a los asistentes fue el anuncio de Agustín Moreno, líder de los Críticos, de que abandona la Ejecutiva del sindicato, tras 30 años en éste órgano de dirección.
viernes, 19 de diciembre de 2008
Solbes: "El sistema de pensiones quebrará si no se reforma"
Preparan una nueva contrarreforma de las pensiones públicas: cotizar más años para cobrar menos pensión, retrasar la edad de jubilación y extender los planes privados.
Como dice el "experto" burgués sobre pensiones a que alude esta noticia, hay alternativa al problema de las pensiones a largo plazo, si es que el negro e interesado escenario que pintan llegara a ser cierto: “Subir las cotizaciones a los trabajadores o las empresas, elevar los impuestos o reducir las cantidades de la pensiones”. Es, pues, un problema político, porque justamente llevan años rebajando las cotizaciones que la patronal aporta a la Seguridad Social, es decir, llevan años detrayendo el salario diferido que la patronal paga en nombre de los trabajadores, pues no son otra cosa las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. O, mediante impuestos, también se podrían incrementar los recursos, pero también llevan años rebajando la fiscalidad del capital (impuesto de sociedades, patrimonio, fiscalidad directa...).
La solución para ellos tiene una lógica de clase inapelable: reducir las pensiones y hacer que los trabajadores se jubilen más tarde, junto a poner en manos del capital financiero el jugoso y multimillonario pastel de los fondos de pensiones. Lo lamentable de todo esto no es esta lógica implacable del capital, cuya coherencia en la defensa de sus intereses es evidente. Lo lamentable es que supuestos gobiernos autodenominados de izquierdas y elegidos con el voto trabajador, defiendan esa lógica. Y que los grandes sindicatos, CCOO y UGT, se apunten a ella, entre otras cosas porque para financiar sus gruesos aparatos les viene muy bien la gestión de los fondos de pensiones, empezando por el multimillonario Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Como dice el "experto" burgués sobre pensiones a que alude esta noticia, hay alternativa al problema de las pensiones a largo plazo, si es que el negro e interesado escenario que pintan llegara a ser cierto: “Subir las cotizaciones a los trabajadores o las empresas, elevar los impuestos o reducir las cantidades de la pensiones”. Es, pues, un problema político, porque justamente llevan años rebajando las cotizaciones que la patronal aporta a la Seguridad Social, es decir, llevan años detrayendo el salario diferido que la patronal paga en nombre de los trabajadores, pues no son otra cosa las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. O, mediante impuestos, también se podrían incrementar los recursos, pero también llevan años rebajando la fiscalidad del capital (impuesto de sociedades, patrimonio, fiscalidad directa...).
La solución para ellos tiene una lógica de clase inapelable: reducir las pensiones y hacer que los trabajadores se jubilen más tarde, junto a poner en manos del capital financiero el jugoso y multimillonario pastel de los fondos de pensiones. Lo lamentable de todo esto no es esta lógica implacable del capital, cuya coherencia en la defensa de sus intereses es evidente. Lo lamentable es que supuestos gobiernos autodenominados de izquierdas y elegidos con el voto trabajador, defiendan esa lógica. Y que los grandes sindicatos, CCOO y UGT, se apunten a ella, entre otras cosas porque para financiar sus gruesos aparatos les viene muy bien la gestión de los fondos de pensiones, empezando por el multimillonario Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
FADE considera que el coste laboral «va en contra» de lo deseable en una crisis
vamos, que si pudieran tener esclavos de bol de arroz, en vez de trabajadores de salario y seguridad social, la cosa sería mucho más "responsable"...
de la nueva españa de hoy:
La patronal asturiana pide a los agentes sociales «responsabilidad»
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) considera «preocupante» el incremento de los costes laborales en España, cuyos datos se conocieron ayer y que aumentaron un 5,1 por ciento en Asturias, como la media nacional. FADE destaca que Asturias vuelve a ser la quinta comunidad con costes laborales y salarios más elevados del país, «una posición claramente superior a la que ocupa en la escala nacional atendiendo a su dinamismo económico» y, por ello, insisten en «la importancia de la moderación de los costes laborales para hacer frente a la difícil coyuntura económica en la que nos encontramos», indica. La patronal considera: «No podemos ser competitivos si los costes rebasan la inflación, mucho menos en un entorno de recesión económica como el que se avecina». FADE también considera que la evolución de los costes «va en sentido contrario a lo que sería deseable para afrontar la crisis» y, por ello, pide «responsabilidad» a todos los agentes económicos y sociales.
de la nueva españa de hoy:
La patronal asturiana pide a los agentes sociales «responsabilidad»
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) considera «preocupante» el incremento de los costes laborales en España, cuyos datos se conocieron ayer y que aumentaron un 5,1 por ciento en Asturias, como la media nacional. FADE destaca que Asturias vuelve a ser la quinta comunidad con costes laborales y salarios más elevados del país, «una posición claramente superior a la que ocupa en la escala nacional atendiendo a su dinamismo económico» y, por ello, insisten en «la importancia de la moderación de los costes laborales para hacer frente a la difícil coyuntura económica en la que nos encontramos», indica. La patronal considera: «No podemos ser competitivos si los costes rebasan la inflación, mucho menos en un entorno de recesión económica como el que se avecina». FADE también considera que la evolución de los costes «va en sentido contrario a lo que sería deseable para afrontar la crisis» y, por ello, pide «responsabilidad» a todos los agentes económicos y sociales.
La dirección de Azsa retira los expedientes y el comité firma el convenio
El acuerdo, «el mejor de los posibles», será denunciado el próximo lunes
La dirección de Asturiana de Zinc (Azsa) y los representantes de los trabajadores estaban citados ayer a mediodía para firmar el convenio laboral más discutido de los últimos años. Los sindicatos habían condicionado la firma del acuerdo colectivo a la retirada de los nueve expedientes disciplinarios y las denuncias contra los trabajadores que participaron en las movilizaciones del mes de noviembre, y eso se llevó a cabo.
El convenio firmado supone un aumento salarial de un 2,75 por ciento, la consolidación laboral de catorce personas y un contrato relevo que afectará a once trabajadores. «Los atrasos se incluirán en la nómina de diciembre, que se paga el uno de enero», anunció un portavoz del comité de empresa. El próximo lunes será «denunciado» dado que su ámbito de aplicación concluye el próximo 31 de diciembre. «Entonces, tendremos que ponernos a negociar el siguiente», comentó Nacho Requena, de CC OO.
La firma ha sido acogida de forma diferente por los sindicatos representados. Roberto Suárez, del SITAZ, considera que la retirada de los expedientes no se explica por la presión sindical. «Agradecemos el buen talante de la dirección al pronunciarse a favor de retirarlos sin que el comité de empresa hubiera hecho mención alguna a ellos», comentó. Por el contrario, Requena explicó que la reunión de ayer comenzó con una intervención de Jaime Arias, director de la planta, en la que anunciaba, de hecho, que dejaba atrás los expedientes y las denuncias, tal y como habían pedido en reiteradas ocasiones. «Nos dijo, eso sí, que no se podía tomar como un protocolo de actuación, que era una situación que no se podía repetir», comentó. Tras este anuncio, SITAZ, USO, CC OO y UGT rubricaron el controvertido documento.
Luis Patiño, de USO, calificó el convenio como «el mejor de los posibles». Requena fue claro: «No es bueno, pero era el que teníamos que firmar», dijo. Jorge Rodríguez, de UGT, explicó que su sindicato se había sumado a la rúbrica «porque era lo que había que hacer: lo primero eran nuestros compañeros». Suárez, por su lado, declaró que ha sido el «peor gestionado de la historia de la fábrica». Para el SITAZ «no se puede dar por bueno un convenio que ha estado supeditado a todo lo que ha pasado, deberíamos reflexionar».
La dirección de Asturiana de Zinc (Azsa) y los representantes de los trabajadores estaban citados ayer a mediodía para firmar el convenio laboral más discutido de los últimos años. Los sindicatos habían condicionado la firma del acuerdo colectivo a la retirada de los nueve expedientes disciplinarios y las denuncias contra los trabajadores que participaron en las movilizaciones del mes de noviembre, y eso se llevó a cabo.
El convenio firmado supone un aumento salarial de un 2,75 por ciento, la consolidación laboral de catorce personas y un contrato relevo que afectará a once trabajadores. «Los atrasos se incluirán en la nómina de diciembre, que se paga el uno de enero», anunció un portavoz del comité de empresa. El próximo lunes será «denunciado» dado que su ámbito de aplicación concluye el próximo 31 de diciembre. «Entonces, tendremos que ponernos a negociar el siguiente», comentó Nacho Requena, de CC OO.
La firma ha sido acogida de forma diferente por los sindicatos representados. Roberto Suárez, del SITAZ, considera que la retirada de los expedientes no se explica por la presión sindical. «Agradecemos el buen talante de la dirección al pronunciarse a favor de retirarlos sin que el comité de empresa hubiera hecho mención alguna a ellos», comentó. Por el contrario, Requena explicó que la reunión de ayer comenzó con una intervención de Jaime Arias, director de la planta, en la que anunciaba, de hecho, que dejaba atrás los expedientes y las denuncias, tal y como habían pedido en reiteradas ocasiones. «Nos dijo, eso sí, que no se podía tomar como un protocolo de actuación, que era una situación que no se podía repetir», comentó. Tras este anuncio, SITAZ, USO, CC OO y UGT rubricaron el controvertido documento.
Luis Patiño, de USO, calificó el convenio como «el mejor de los posibles». Requena fue claro: «No es bueno, pero era el que teníamos que firmar», dijo. Jorge Rodríguez, de UGT, explicó que su sindicato se había sumado a la rúbrica «porque era lo que había que hacer: lo primero eran nuestros compañeros». Suárez, por su lado, declaró que ha sido el «peor gestionado de la historia de la fábrica». Para el SITAZ «no se puede dar por bueno un convenio que ha estado supeditado a todo lo que ha pasado, deberíamos reflexionar».
martes, 16 de diciembre de 2008
El Parlamento Europeo debate sobre las 65 horas semanales
El Parlamento Europeo iniciará a las 17.30 el debate en segunda lectura sobre la directiva de las 65 horas semanales. Hay división entre los parlamentarios. La misma se votará el miércoles en Estrasburgo. Mañana la CES europea ha convocado una manifestación ante la Eurocámara para mostrar el rechazo de los trabajadores a que se produzca un retroceso en el derecho a la jornada laboral, ya que en el Estado español supondría volver a una jornada de 1870.
Nadie se atreve a avanzar un pronóstico sobre la votación en segunda lectura que este se producirá en el Parlamento Europeo sobre la directiva de las 65 horas. A partir de las 17.30 se debatirá la iniciativa que pone en peligro los logros sociales en materia de jornada de trabajo que se han conseguido durante los últimos 138 años.
Los lobbys empresariales están presionando de forma directa para conseguir que las empresas puedan ampliar el número de horas de trabajo. En la actualidad, en la Unión Europea se puede implantar una jornada de hasta 48 horas, sin embargo la Comisión Europea ha cedido a las presiones de los empresarios para ampliar ese período a 65 horas, de media.
Alejandro Cercas (PSOE), ponente de la iniciativa europarlamentaria que rechaza la ampliación, afirma en sus informes contrarios a las 65 horas que "todos los estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales" y exige que se elimine la cláusula que permite rebasar ese tope, "si hay compromiso entre los empresarios y los trabajadores".
"Chantaje"
Las centrales sindicales denuncian de forma decidida que, si se da luz verde a la iniciativa, "los trabajadores no tendremos ninguna fuerza para evitar que se rebasen las 48 horas, porque el chantaje de los empresarios es muy activo y máxime en estos momentos en los que la crisis económica está eliminando puestos", según indica la CES. Esta confederación sindical ha convocado para mañana una manifestación en Estrasburgo para presionar a los europarlamentarios con el lema "Prioridad a las derechos de los trabajadores y no a al aumento de la jornada de trabajo".
El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara exige eliminar esa cláusula de superación "pasado un período transitorio de tres años", porque como explica el parlamentario Alejandro Cercas, "esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre una media trimestral, que posibilita a los empresarios elevar la jornada de trabajo hasta las 65 horas".
En esa comisión parlamentaria también se reclamó que se considere "como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los períodos inactivos", que afecta, sobre todo, al personal sanitario. Además el informe parlamentario, que tratará de frenar la iniciativa de la Comisión Europea, hace hincapié en que la legislación europea debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, y, a la vez, reclama que no se acepte la directiva porque perjudicaría de forma directa la seguridad y la salud de los trabajadores. Los informes científicos y médicos reconocen que cuanto más largas son las jornadas de trabajo la inseguridad aumenta y afecta de forma directa a la salud.
La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la directiva del tiempo de trabajo en setiembre de 2004. La Eurocámara se pronunció en contra en primera lectura en mayo de 2005. Después de tres años de bloqueo, el Consejo Europeo logró un acuerdo en junio de 2008 con los votos en contra del Estado español y Grecia y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal
Nadie se atreve a avanzar un pronóstico sobre la votación en segunda lectura que este se producirá en el Parlamento Europeo sobre la directiva de las 65 horas. A partir de las 17.30 se debatirá la iniciativa que pone en peligro los logros sociales en materia de jornada de trabajo que se han conseguido durante los últimos 138 años.
Los lobbys empresariales están presionando de forma directa para conseguir que las empresas puedan ampliar el número de horas de trabajo. En la actualidad, en la Unión Europea se puede implantar una jornada de hasta 48 horas, sin embargo la Comisión Europea ha cedido a las presiones de los empresarios para ampliar ese período a 65 horas, de media.
Alejandro Cercas (PSOE), ponente de la iniciativa europarlamentaria que rechaza la ampliación, afirma en sus informes contrarios a las 65 horas que "todos los estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales" y exige que se elimine la cláusula que permite rebasar ese tope, "si hay compromiso entre los empresarios y los trabajadores".
"Chantaje"
Las centrales sindicales denuncian de forma decidida que, si se da luz verde a la iniciativa, "los trabajadores no tendremos ninguna fuerza para evitar que se rebasen las 48 horas, porque el chantaje de los empresarios es muy activo y máxime en estos momentos en los que la crisis económica está eliminando puestos", según indica la CES. Esta confederación sindical ha convocado para mañana una manifestación en Estrasburgo para presionar a los europarlamentarios con el lema "Prioridad a las derechos de los trabajadores y no a al aumento de la jornada de trabajo".
El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara exige eliminar esa cláusula de superación "pasado un período transitorio de tres años", porque como explica el parlamentario Alejandro Cercas, "esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre una media trimestral, que posibilita a los empresarios elevar la jornada de trabajo hasta las 65 horas".
En esa comisión parlamentaria también se reclamó que se considere "como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los períodos inactivos", que afecta, sobre todo, al personal sanitario. Además el informe parlamentario, que tratará de frenar la iniciativa de la Comisión Europea, hace hincapié en que la legislación europea debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, y, a la vez, reclama que no se acepte la directiva porque perjudicaría de forma directa la seguridad y la salud de los trabajadores. Los informes científicos y médicos reconocen que cuanto más largas son las jornadas de trabajo la inseguridad aumenta y afecta de forma directa a la salud.
La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la directiva del tiempo de trabajo en setiembre de 2004. La Eurocámara se pronunció en contra en primera lectura en mayo de 2005. Después de tres años de bloqueo, el Consejo Europeo logró un acuerdo en junio de 2008 con los votos en contra del Estado español y Grecia y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal
La crisis desplaza a los parados españoles a puestos hasta ahora ocupados por los migrantes
La recesión se ceba con los temporeros
Pablo Elorduy
Diagonal
El trasvase de trabajadores de la construcción al campo genera una difícil situación para los temporeros. A las dificultades económicas se unen los problemas por la extinción de permisos de trabajo.
El 27 de noviembre, el Diario de Jaén anunciaba que la policía iba a peinar la ciudad en busca de extranjeros sin papeles. La noticia señalaba: “Los policías pedirán ‘papeles’ a los inmigrantes, sobre todo a los norteafricanos y a los subsaharianos (sic.). Si no pueden aportar la documentación requerida, se les aplicará la Ley de Extranjería, es decir, serán detenidos y puestos a disposición del juez”. Por primera vez desde hace tres lustros, la campaña de la oliva tiene superávit de temporeros.
La crisis y el pinchazo del sector inmobiliario ha llevado a la agricultura a miles de trabajadores del régimen general. Como consecuencia, se incrementa la represión policial contra trabajadores sin papeles y pendientes de los permisos de residencia. Según denuncia el Grupo de Acción Social de Andalucía (GAS), en octubre “miembros incontrolados” de la Guardia Civil atacaron un campamento de inmigrantes en Almería. Spitou Mendy, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), considera que es necesario que los inmigrantes protesten ante la pérdida de permisos de trabajo. Por ello, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) junto a este sindicato andaluz, CGT y otras organizaciones han convocado para el 18 de diciembre una jornada estatal por los derechos de los inmigrantes.
Andrés Bódalo, secretario del SAT de Jaén considera que los principales afectados van a ser los temporeros establecidos en Andalucía desde hace años: “La gente que se ha dedicado al invernadero en Almería, en Jaén a la aceituna, en Huelva a la fresa, en Sevilla a la naranja, etc. se están viendo con la soga al cuello. No entienden cómo de golpe y porrazo sea imposible que encuentren un puesto de trabajo y que tengan que pedir para comer. Es muy duro lo que se están encontrando, y nadie, ni Gobierno ni la Junta, hace mención ni se preocupan por ellos”. Bódalo denuncia que los empresarios de los invernaderos están aprovechando la situación desesperada de miles de emigrantes y sin papeles que viven una situación desesperada por el tema de los permisos de residencia.
Arraigo y origen
Explica Spitou que en las carreteras de Almería puede verse a emigrantes que ofrecen sus brazos: “dos hombres por 30 euros” en jornadas que duran hasta nueve horas. “Se esclavizan a sí mismos”, resume Spitou. Por su parte, Diana Armijos, presidenta de la asociación América Mestiza, de Sevilla, narra el caso de trabajadores que fueron a recoger naranjas: “el primer día les pagaban a 40 céntimos el kilo, al día siguiente bajaban a 30. La situación es doblemente grave, porque no hay alternativa. Los inmigrantes hemos tenido que aceptar trabajos con horarios de esclavos, con salarios bajísimos”. El enfrentamiento entre sin papeles y documentados, y entre éstos y autóctonos preocupa a Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo.
Sánchez cree que las autoridades han tratado de vincular crisis e inmigración. En este sentido, considera que el ‘plan de retorno’ del ministro de Trabajo Celestino Corbacho (al que se estima que se van a acoger 10.000 personas al año) lanzaba a la opinión pública el mensaje de que si los inmigrantes se fueran se solucionaría la crisis, “algo que es completamente absurdo y peligroso ya que, en esta época, el autóctono tiene miedos que prenden como una cerilla”.
La contratación en origen, que ha precarizado y abaratado la mano de obra durante la bonanza económica (ver DIAGONAL 48) fue otro de los objetivos del Ministerio de Trabajo desde donde se aseguró que el Estado apenas favorecería la contratación de extranjeros en sus países, a pesar de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le desautorizó. Como explica para este periódico la abogada de Jaén Acoge, Fátima Vaca, en el último trimestre el Gobierno no ha presentado ninguna oferta para contrataciones de difícil cobertura, con lo que, en los hechos, se está llevando a cabo la propuesta de Corbacho. Vaca explica que la solicitud de arraigo se topa con dos trabas fundamentales: por una parte, la empresa contratante tiene que asegurar que al inmigrante se le ofrece un compromiso por un año, algo que en trabajos por temporada, como muchos del campo, es casi imposible. Por otra parte, la Administración exige que el trabajador extranjero resida durante ese período en un solo municipio, con lo cual “puede haber establecido sus redes sociales en Cataluña pero si viene ahora a la aceituna, hay trabajadores sociales que no les hacen un informe favorable porque llevan poco tiempo, y aún habiendo informes favorables, la oficina de extranjeros lo deniega porque dicen que llevan poco empadronados”.
Cuando tramita la renovación del permiso de trabajo, el solicitante debe estar contratado. De no ser así, se deniega la solicitud de residencia y se impone una diligencia de salida para que abandone el país en un plazo de 15 días. Armijos explica a este periódico que muchos compañeros suyos, que tienen permisos de trabajo, se hallan en una situación límite ya que aún no han cumplido los plazos de arraigo y se encuentran en desempleo. No contemplan el ‘Plan Corbacho’ como una posibilidad: “Hemos entregado nuestra juventud. Si volviésemos a Ecuador, donde con 25 años ya eres viejo para el mercado laboral, no tendríamos ninguna garantía. Como seres humanos hemos tardado años en quitarnos el dolor de haber partido, en hacer amigos, en establecernos”.
Pablo Elorduy
Diagonal
El trasvase de trabajadores de la construcción al campo genera una difícil situación para los temporeros. A las dificultades económicas se unen los problemas por la extinción de permisos de trabajo.
El 27 de noviembre, el Diario de Jaén anunciaba que la policía iba a peinar la ciudad en busca de extranjeros sin papeles. La noticia señalaba: “Los policías pedirán ‘papeles’ a los inmigrantes, sobre todo a los norteafricanos y a los subsaharianos (sic.). Si no pueden aportar la documentación requerida, se les aplicará la Ley de Extranjería, es decir, serán detenidos y puestos a disposición del juez”. Por primera vez desde hace tres lustros, la campaña de la oliva tiene superávit de temporeros.
La crisis y el pinchazo del sector inmobiliario ha llevado a la agricultura a miles de trabajadores del régimen general. Como consecuencia, se incrementa la represión policial contra trabajadores sin papeles y pendientes de los permisos de residencia. Según denuncia el Grupo de Acción Social de Andalucía (GAS), en octubre “miembros incontrolados” de la Guardia Civil atacaron un campamento de inmigrantes en Almería. Spitou Mendy, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), considera que es necesario que los inmigrantes protesten ante la pérdida de permisos de trabajo. Por ello, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) junto a este sindicato andaluz, CGT y otras organizaciones han convocado para el 18 de diciembre una jornada estatal por los derechos de los inmigrantes.
Andrés Bódalo, secretario del SAT de Jaén considera que los principales afectados van a ser los temporeros establecidos en Andalucía desde hace años: “La gente que se ha dedicado al invernadero en Almería, en Jaén a la aceituna, en Huelva a la fresa, en Sevilla a la naranja, etc. se están viendo con la soga al cuello. No entienden cómo de golpe y porrazo sea imposible que encuentren un puesto de trabajo y que tengan que pedir para comer. Es muy duro lo que se están encontrando, y nadie, ni Gobierno ni la Junta, hace mención ni se preocupan por ellos”. Bódalo denuncia que los empresarios de los invernaderos están aprovechando la situación desesperada de miles de emigrantes y sin papeles que viven una situación desesperada por el tema de los permisos de residencia.
Arraigo y origen
Explica Spitou que en las carreteras de Almería puede verse a emigrantes que ofrecen sus brazos: “dos hombres por 30 euros” en jornadas que duran hasta nueve horas. “Se esclavizan a sí mismos”, resume Spitou. Por su parte, Diana Armijos, presidenta de la asociación América Mestiza, de Sevilla, narra el caso de trabajadores que fueron a recoger naranjas: “el primer día les pagaban a 40 céntimos el kilo, al día siguiente bajaban a 30. La situación es doblemente grave, porque no hay alternativa. Los inmigrantes hemos tenido que aceptar trabajos con horarios de esclavos, con salarios bajísimos”. El enfrentamiento entre sin papeles y documentados, y entre éstos y autóctonos preocupa a Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo.
Sánchez cree que las autoridades han tratado de vincular crisis e inmigración. En este sentido, considera que el ‘plan de retorno’ del ministro de Trabajo Celestino Corbacho (al que se estima que se van a acoger 10.000 personas al año) lanzaba a la opinión pública el mensaje de que si los inmigrantes se fueran se solucionaría la crisis, “algo que es completamente absurdo y peligroso ya que, en esta época, el autóctono tiene miedos que prenden como una cerilla”.
La contratación en origen, que ha precarizado y abaratado la mano de obra durante la bonanza económica (ver DIAGONAL 48) fue otro de los objetivos del Ministerio de Trabajo desde donde se aseguró que el Estado apenas favorecería la contratación de extranjeros en sus países, a pesar de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le desautorizó. Como explica para este periódico la abogada de Jaén Acoge, Fátima Vaca, en el último trimestre el Gobierno no ha presentado ninguna oferta para contrataciones de difícil cobertura, con lo que, en los hechos, se está llevando a cabo la propuesta de Corbacho. Vaca explica que la solicitud de arraigo se topa con dos trabas fundamentales: por una parte, la empresa contratante tiene que asegurar que al inmigrante se le ofrece un compromiso por un año, algo que en trabajos por temporada, como muchos del campo, es casi imposible. Por otra parte, la Administración exige que el trabajador extranjero resida durante ese período en un solo municipio, con lo cual “puede haber establecido sus redes sociales en Cataluña pero si viene ahora a la aceituna, hay trabajadores sociales que no les hacen un informe favorable porque llevan poco tiempo, y aún habiendo informes favorables, la oficina de extranjeros lo deniega porque dicen que llevan poco empadronados”.
Cuando tramita la renovación del permiso de trabajo, el solicitante debe estar contratado. De no ser así, se deniega la solicitud de residencia y se impone una diligencia de salida para que abandone el país en un plazo de 15 días. Armijos explica a este periódico que muchos compañeros suyos, que tienen permisos de trabajo, se hallan en una situación límite ya que aún no han cumplido los plazos de arraigo y se encuentran en desempleo. No contemplan el ‘Plan Corbacho’ como una posibilidad: “Hemos entregado nuestra juventud. Si volviésemos a Ecuador, donde con 25 años ya eres viejo para el mercado laboral, no tendríamos ninguna garantía. Como seres humanos hemos tardado años en quitarnos el dolor de haber partido, en hacer amigos, en establecernos”.
Trabajo espera resolver en dos semanas la regulación de empleo que planea Daorje
El Principado espera tener resuelto en el plazo de dos semanas el expediente de regulación de empleo presentado por Daorje, una de las empresas auxiliares de Arcelor más afectadas por los recortes de producción que está llevando a cabo la multinacional siderúrgica. El director general de trabajo, Antonio González, aseguró: «Desde ya comenzaremos a reunirnos las dos partes implicadas, la dirección de la compañía y los trabajadores, para tratar de conseguir un acercamiento».
Daorje es la primera empresa auxiliar de la siderúrgica en presentar una regulación de empleo que afectará a unos 250 trabajadores, la mayoría de ellos fijos. El comité de empresa rechazó la pasada semana el expediente. El Principado espera tomar una decisión sobre el recorte de empleo antes de la Navidad. «Denegarlo de plano es complicado», señaló Antonio González. El director de trabajo asegura que por ser el primero el de Daorje «marcará cómo serán los próximos expedientes de regulación de empleo que se presenten en el sector auxiliar».
La Federación Europea del Metal, dirigida por el asturiano Luis Ángel Colunga, pidió ayer a la dirección de Arcelor-Mittal que el programa de bajas voluntarias que ha puesto en marcha el gigante siderúrgico y con el que pretende recortar 9.000 empleos no se negocie de forma global si no atendiendo a las leyes de cada país. En España, según las estimaciones que maneja la dirección de la compañía, esta iniciativa afectará a unos 600 empleados, todos de tareas ajenas a la producción y el mantenimiento.
Fuentes sindicales consultadas ayer por este diario desconocían si algún trabajador en España se ha acogido al programa de bajas voluntarias. La Federación Europea del Metal mantuvo una reunión con el presidente de la multinacional, Lakshmi Mittal, para expresarle su preocupación por la situación del sector. El comité restringido de Arcelor-Mittal, formado por representantes de los comités de empresa, mantendrá hoy una reunión en Luxemburgo para pedir explicaciones sobre el programa de bajas.
Daorje es la primera empresa auxiliar de la siderúrgica en presentar una regulación de empleo que afectará a unos 250 trabajadores, la mayoría de ellos fijos. El comité de empresa rechazó la pasada semana el expediente. El Principado espera tomar una decisión sobre el recorte de empleo antes de la Navidad. «Denegarlo de plano es complicado», señaló Antonio González. El director de trabajo asegura que por ser el primero el de Daorje «marcará cómo serán los próximos expedientes de regulación de empleo que se presenten en el sector auxiliar».
La Federación Europea del Metal, dirigida por el asturiano Luis Ángel Colunga, pidió ayer a la dirección de Arcelor-Mittal que el programa de bajas voluntarias que ha puesto en marcha el gigante siderúrgico y con el que pretende recortar 9.000 empleos no se negocie de forma global si no atendiendo a las leyes de cada país. En España, según las estimaciones que maneja la dirección de la compañía, esta iniciativa afectará a unos 600 empleados, todos de tareas ajenas a la producción y el mantenimiento.
Fuentes sindicales consultadas ayer por este diario desconocían si algún trabajador en España se ha acogido al programa de bajas voluntarias. La Federación Europea del Metal mantuvo una reunión con el presidente de la multinacional, Lakshmi Mittal, para expresarle su preocupación por la situación del sector. El comité restringido de Arcelor-Mittal, formado por representantes de los comités de empresa, mantendrá hoy una reunión en Luxemburgo para pedir explicaciones sobre el programa de bajas.
La crisis del ladrillo y del automóvil recorta 170 empleos en la industria de las Cuencas
La crisis en el sector de la construcción y del automóvil está poniendo en apuros a grandes empresas de las Cuencas que son señeras en la reactivación de los valles mineros. Rioglass Astur ya ha puesto en marcha dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a ochenta trabajadores de la empresa, y Alas Aluminium negocia con los trabajadores la puesta en marcha de otro expediente que afectará a entre ochenta y cien trabajadores. Otras firmas, como Astersa, reconocen que están pasando por «serios problemas».
El parón en el sector automovilístico ha recortado drásticamente la producción en las plantas de Rioglass en Mieres, dedicadas a producción de lunetas para coches. En julio, Rioglass llevó a cabo un primer ERE en el que se vieron afectados 33 trabajadores. El pasado mes de octubre la empresa volvió a regular la situación de otros 47 empleados, que pasan a cobrar el paro un máximo de seis meses antes de retornar a su puesto. En este tiempo, la dirección de la empresa espera ir adaptando su producción a las «exigencias del mercado». En el caso de Rioglass, esa adaptación pasa por reforzar la línea de elaboración de espejos para parques solares en detrimento de la fabricación de vidrios para las lunas de automóviles.
Las empresas ligadas al sector del automóvil pasan apuros, al igual que las vinculadas a la construcción. Alas Aluminium, el estandarte de la reactivación en Langreo, negocia la puesta en marcha de un ERE que afectará a entre ochenta y cien trabajadores de la factoría de Ciaño, en la que trabajan doscientos setenta operarios. La empresa se dedica a la producción de perfiles de aluminio destinados principalmente a fabricación de ventanas, en un momento en el que los pedidos han caído en picado por el parón de la construcción.
En una situación similar se encuentra la empresa Astersa, una firma participada por Hunosa que produce en Mieres paneles solares térmicos para edificios. De momento, la empresa no ha recortado su plantilla, pero está pasando serios apuros y su producción está bajo mínimos. «La empresa nació en 2006, al calor del nuevo código técnico de edificación que obliga a la instalación de placas en los nuevos edificios. Con la entrada en vigor del código se esperaba que la demanda se disparara, pero con la crisis de la construcción los niveles de demanda están por debajo de las cifras anteriores a la entrada en vigor del código», señaló Pedro Pérez, director de Astersa, que añadió «que la empresa tiene voluntad de continuidad y tarde o temprano la construcción repuntará».
Alas Aluminium
La empresa aluminera, participada por Hunosa, nació en 2002 y registró un crecimiento espectacular, con sucesivas ampliaciones al ritmo que marcaba el sector de la construcción. La crisis del ladrillo ha golpeado a la empresa, que se dedica principalmente a la producción de perfiles para el sector de la carpintería de aluminio. Ante la caída de ventas, la empresa, que está ubicada en el distrito langreano de Ciaño y da empleo a 270 operarios, ha planteado un expediente de regulación de empleo a los trabajadores que podría afectar a entre 80 y 100. La empresa y los sindicatos negocian las condiciones.
Rioglass Astur
El negocio de vidrio comienza a resquebrajarse. La crisis en el sector del automóvil está obligando a Rioglass a replantear su negocio. Hasta ahora su actividad se centraba en la producción de lunetas para vehículos, pero con el bajón en la venta de coches la empresa se está volcando en el negocio de los espejos para parques solares termoeléctricos. Mientras aborda el cambio estratégico, la empresa ha puesto en marcha dos expedientes de regulación que afectaron a 80 trabajadores de las plantas del polígono de Sovilla en Mieres. La empresa llegó rondar los 400 empleos y ahora tiene menos de la mitad.
Astersa
Aplicaciones Solares Térmicas (Astersa), compañía impulsada por empresarios relacionados con el sector inmobiliario y participada por la empresa estatal Hunosa, inició su actividad en 2006 en la antigua nave de economatos de Mieres. La compañía, que da empleo a 65 trabajadores, pretendía cubrir la demanda de placas solares prevista con la entrada en vigor del nuevo código técnico de edificación, pero la caída en barrena de nuevas promociones residenciales ha dejado a la empresa en una situación difícil. La producción está bajo mínimos, pero de momento la empresa «está aguantando el temporal», según su director.
Mueren dos de los obreros en el derrumbe de un hotel en Mallorca
Los bomberos han localizado los cuerpos sin vida de dos obreros que trabajaban en las obras de rehabilitación del hotel Son Moll, en Cala Ratjada (Mallorca), según confirmaron fuentes de Delegación de Gobierno. Las difíciles tareas de rescate de los obreros desaparecidos han dificultado su identificación, pero finalmente ha sido posible extraer de los escombros los dos cadáveres, aseguran las mismas fuentes.
Asimismo, otros dos obreros permanecen desaparecidos y sus cuerpos no han sido localizados. Los perros adiestrados de la Guardia Civil trabajan sin descanso para aportar pistas sobre el paradero de estos dos trabajadores que no han podido ser localizados todavía. El siniestro se produjo a las 8:45 horas de hoy cuando un anexo de tres plantas al establecimiento hotelero se deplomó, atrapando bajo las ruinas a varios obreros.
Dadas las condiciones meteorológicas adversas que registra Mallorca y tras este siniestro se han desplazado a la isla 90 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. A las 13:30 está previsto que lleguen vía helicóptero veinte efectivos, mientras que por la vía marítima llegarán unos setenta, según confirmó en rueda de prensa la consellera de Interior, Maria Ángeles Leciñena.
La zona está acordonada y en su interior se encuentran las autoridades. El edificio afectado es un anexo al hotel Son Moll, de tres plantas que se ha desplomado. En el área acordonada y a la que está prohibido el acceso se encuentran el presidente del Govern, Francesc Antich, el delegado del Gobierno, Ramon Socias, el coronel Jefe de la zona de la Guardia Civil de Baleares, Basilio Sánchez Rufo, y el conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, entre otras autoridades.
Asimismo, varias personas, vecinos, allegados y conocidos de los trabajadores desaparecidos se encuentran en las inmediaciones del hotel a la espera de tener noticias sobre el estado de los trabajadores.
Asimismo, otros dos obreros permanecen desaparecidos y sus cuerpos no han sido localizados. Los perros adiestrados de la Guardia Civil trabajan sin descanso para aportar pistas sobre el paradero de estos dos trabajadores que no han podido ser localizados todavía. El siniestro se produjo a las 8:45 horas de hoy cuando un anexo de tres plantas al establecimiento hotelero se deplomó, atrapando bajo las ruinas a varios obreros.
Dadas las condiciones meteorológicas adversas que registra Mallorca y tras este siniestro se han desplazado a la isla 90 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. A las 13:30 está previsto que lleguen vía helicóptero veinte efectivos, mientras que por la vía marítima llegarán unos setenta, según confirmó en rueda de prensa la consellera de Interior, Maria Ángeles Leciñena.
La zona está acordonada y en su interior se encuentran las autoridades. El edificio afectado es un anexo al hotel Son Moll, de tres plantas que se ha desplomado. En el área acordonada y a la que está prohibido el acceso se encuentran el presidente del Govern, Francesc Antich, el delegado del Gobierno, Ramon Socias, el coronel Jefe de la zona de la Guardia Civil de Baleares, Basilio Sánchez Rufo, y el conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, entre otras autoridades.
Asimismo, varias personas, vecinos, allegados y conocidos de los trabajadores desaparecidos se encuentran en las inmediaciones del hotel a la espera de tener noticias sobre el estado de los trabajadores.
Los trabajadores del Estado Español son más pobres que hace treinta años
Más pobres, treinta años después
El precio de la vivienda se ha multiplicado por 31 en términos de moneda constante respecto a 1978, mientras el salario base se ha reducido el 10%.
A las ocho de la mañana, puntual como un reloj suizo, Luis Úbeda recorría los escasos 30 metros que le separaban del quiosco de periódicos y la panadería. Siempre llevaba el diario Ya, por el que abonaba 8 pesetas. La pistola de pan le costaba nueve. Corría el año de 1978. Treinta años después, Úbeda sigue el mismo guión diario. Pero el periódico le cuesta un euro y el pan, 55 céntimos.
Si ambos precios se expresaran en euros y se aplicara el factor de corrección por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda por la inflación, el resultado es que el periódico cuesta tres veces más que en 1978 y la barra de pan vale casi el doble.
Los españoles son más pobres hoy que hace 30 años. Los sueldos son más bajos y el precio de los productos de primera necesidad resultan considerablemente más caros. En 1978, los hogares se enfrentaban con uñas y dientes al inicio de la segunda crisis del petróleo. Descontada la amenaza de la inflación, hoy los datos resultan demoledores. El salario base se ha reducido casi un 10% en términos de moneda constante. La vivienda ha multiplicado su precio por 31.
Estanflación
En el año de la Constitución, el país se hallaba envuelto en una fase de recesión económica combinada con una alta inflación, por el meteórico ascenso del valor del petróleo. Un estancamiento económico, unido a altos precios (estanflación) que condujo a una política de tipos de interés muy elevados para combatir el IPC. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, había confiado la dura tarea de hacer frente a la crisis a Fernando Abril-Martorell, como vicepresidente segundo y ministro de Economía. Las revisiones salariales superaban el 20% cada año.
Treinta años después, la economía doméstica está en peor situación. Si se realiza un estudio del valor de determinados bienes y servicios en euros y depurado el efecto de la inflación, las cifras reflejan ese empobrecimiento en tres decenios. En 1978, el salario base era de 108 euros y ahora es de 99, siempre considerando precios que depuran el efecto de la inflación. Los bienes de primera necesidad han registrado un encarecimiento brutal. La barra de pan ha pasado de 5,5 céntimos de euros a 9 céntimos. El periódico ha subido de 0,05 a 0,17 euros. El redondeo aplicado con el euro ha encarecido muchos productos hasta un 66%.
Para igualar los precios actuales de los productos hay que dividir el precio actual por 5,72 para obtener precios equivalentes a los de 1978. El cuadro adjunto refleja los precios de 1978 en pesetas y su equivalente en euros, los de 2008 en euros y los mismos tras aplicar la corrección inflacionista de 30 años.
El nuevo escenario de coste y salarios ha determinado la configuración laboral de los hogares. Hace treinta años, apenas trabajaban mujeres. Si lo hacían, necesitaban permiso de los padres o los maridos. Ahora tienen que trabajar ambos cónyuges. Uno solo para pagar el préstamo hipotecario.
El precio de la vivienda se ha multiplicado por 31 en términos de moneda constante respecto a 1978, mientras el salario base se ha reducido el 10%.
A las ocho de la mañana, puntual como un reloj suizo, Luis Úbeda recorría los escasos 30 metros que le separaban del quiosco de periódicos y la panadería. Siempre llevaba el diario Ya, por el que abonaba 8 pesetas. La pistola de pan le costaba nueve. Corría el año de 1978. Treinta años después, Úbeda sigue el mismo guión diario. Pero el periódico le cuesta un euro y el pan, 55 céntimos.
Si ambos precios se expresaran en euros y se aplicara el factor de corrección por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda por la inflación, el resultado es que el periódico cuesta tres veces más que en 1978 y la barra de pan vale casi el doble.
Los españoles son más pobres hoy que hace 30 años. Los sueldos son más bajos y el precio de los productos de primera necesidad resultan considerablemente más caros. En 1978, los hogares se enfrentaban con uñas y dientes al inicio de la segunda crisis del petróleo. Descontada la amenaza de la inflación, hoy los datos resultan demoledores. El salario base se ha reducido casi un 10% en términos de moneda constante. La vivienda ha multiplicado su precio por 31.
Estanflación
En el año de la Constitución, el país se hallaba envuelto en una fase de recesión económica combinada con una alta inflación, por el meteórico ascenso del valor del petróleo. Un estancamiento económico, unido a altos precios (estanflación) que condujo a una política de tipos de interés muy elevados para combatir el IPC. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, había confiado la dura tarea de hacer frente a la crisis a Fernando Abril-Martorell, como vicepresidente segundo y ministro de Economía. Las revisiones salariales superaban el 20% cada año.
Treinta años después, la economía doméstica está en peor situación. Si se realiza un estudio del valor de determinados bienes y servicios en euros y depurado el efecto de la inflación, las cifras reflejan ese empobrecimiento en tres decenios. En 1978, el salario base era de 108 euros y ahora es de 99, siempre considerando precios que depuran el efecto de la inflación. Los bienes de primera necesidad han registrado un encarecimiento brutal. La barra de pan ha pasado de 5,5 céntimos de euros a 9 céntimos. El periódico ha subido de 0,05 a 0,17 euros. El redondeo aplicado con el euro ha encarecido muchos productos hasta un 66%.
Para igualar los precios actuales de los productos hay que dividir el precio actual por 5,72 para obtener precios equivalentes a los de 1978. El cuadro adjunto refleja los precios de 1978 en pesetas y su equivalente en euros, los de 2008 en euros y los mismos tras aplicar la corrección inflacionista de 30 años.
El nuevo escenario de coste y salarios ha determinado la configuración laboral de los hogares. Hace treinta años, apenas trabajaban mujeres. Si lo hacían, necesitaban permiso de los padres o los maridos. Ahora tienen que trabajar ambos cónyuges. Uno solo para pagar el préstamo hipotecario.
Multinacionales y banca aplican despidos masivos
Los gigantes empresariales destruyen medio millón de empleos en un año
Los gigantes empresariales destruyen medio millón de empleos en un año. La crisis la provocan ellos y su irracional sistema económico, pero la descargan sobre los trabajadores.
La crisis que comenzó con términos que sonaban lejanos ahora ya usa palabras que todo mortal comprende, porque de los titulares de subprimes y hedge funds hemos pasado a los simples y llanos despidos. El terremoto hipotecario ha desembocado en un tsunami de "reestructuraciones" con sello internacional que está dejando en la calle a banqueros y directivos, pero también a obreros y técnicos. Los problemas de los grandes titanes de la banca de inversión arrastran 230.000 despidos desde que comenzó la debacle en el verano de 2007. La crisis en las grandes corporaciones del automóvil, transporte, minería, acero o electrónica dejan atrás un reguero de más de 260.000 sólo en los últimos tres meses.
"Trabajamos en un plan para eliminar un significativo número de puestos de trabajo en los próximos tres años a raíz de la fusión pendiente con Merrill Lynch y el débil entorno macroeconómico". Con estas palabras, Bank of America se sumaba al carro de los despidos masivos el jueves. Piensa echar a entre 30.000 y 35.000 personas. Turbulencias financieras, debilitamiento macroeconómico, caída del consumo, menos financiación... Explicaciones diversas para una misma acción: adelgazar las plantillas.
El automóvil es uno de los grandes damnificados. La venta de coches se ha reducido drásticamente. El pasado mes de noviembre, sólo en España se vendieron un 50% menos coches que el año anterior. Renault anunció en septiembre 6.000 despidos. En octubre, Chrysler dio a conocer otros 6.000. Peugeot, 3.550, casi a la vez que Ford anunció sus 2.260. Volvo ha ido dando cifras durante los últimos tres meses, hasta recalar en los 4.340 puestos de trabajo menos. Nissan, en los 2.500. Incluso los lujosos Rolls-Royce tienen menos tirón con esto de la mala coyuntura, y piensan deshacerse de hasta 2.000 trabajadores.
Todas esas cifras astronómicas son globales y, en general, todas son anunciadas por un alto cargo o un comunicado desde la sede central de Estados Unidos, Francia o Japón. Sin embargo, su condición de multinacional hace que las tijeras lleguen a todos los rincones del planeta. En muchos casos, aterrizan con fuerza en España.
El gigante siderúrgico ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, quiere eliminar 9.000 puestos de trabajo. Afectará a unos 600 trabajadores en España. Cuando Sony anunció el pasado martes que piensa despedir a 16.000 trabajadores entre fijos y temporales, las lágrimas llegaron a Viladecavalls, provincia de Barcelona, donde la firma de electrónica japonesa tiene una fábrica. Sony asegura que con la crisis venden hasta un 50% menos y, además, en la fábrica de Nitra, Eslovaquia, tienen el doble de capacidad de fabricación que en la catalana y los sueldos son hasta un 75% más bajos.
"Asistimos a las consecuencias de que ya no somos tan baratos", razona Salvador del Rey, catedrático y socio director del área laboral del despacho de abogados Cuatrecasas. El proceso de deslocalización de las fábricas hacia el Este no es nuevo, pero, según Del Rey, la peor coyuntura económica lo está acelerando. Con la crisis encima, cada dólar y cada euro cuenta, y aunque España todavía tiene bastante que ofrecer en muchos sectores, algunos de los que necesitan mano de obra intensiva ya no son competitivos aquí. "Eso ya pasó cuando España entró en la Unión Europea. Fue doloroso, pero hubo que renunciar a algunos sectores, y llevar a cabo una reconversión industrial", razona. Cuando una multinacional habla de "reestructurar", las decisiones vienen de la central. Lo que no hay que olvidar es que luego se aplican según la legislación de cada país. "En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha más libertad para el despido. Es mucho más inmediato", explica Fermín Guardiola, socio director del departamento laboral en Madrid del despacho Baker & McKenzie. En aquel país, del que han llegado los recortes de las principales firmas financieras, así como tecnología o química, las empresas tienen derecho a ser union free companies (compañías libres de sindicatos).
Según un reciente informe del servicio de estudios económicos de La Caixa, "el mercado laboral de Estados Unidos es el más flexible del mundo". En muchas de las jurisdicciones, explican, no existen límites legales al uso de contratos temporales, no se fija un mínimo de vacaciones o máximo de horas; los costes del despido se negocian libremente entre trabajador y empresa, y los subsidios de desempleo son poco generosos. Ante los problemas económicos, el despido es una herramienta más de ajuste, y su efecto lo acaban exportando a medio mundo.
"En España, el proceso para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) es muy largo. Antes de llegar a eso, se congelan sueldos, se suprimen subcontratas, se elimina a los trabajadores temporales, se suspende empleo y, finalmente, despiden", repasa Guardiola. Por eso, dice, las desorbitadas cifras de anuncio de despidos que se han conocido hasta ahora pueden reducirse un poco al llegar aquí. En el caso de la fábrica de Sony, por ejemplo, la directiva ya ha propuesto congelar salarios.
En muchos otros sectores, los sindicatos buscan vías alternativas, como las prejubilaciones o el recorte de turnos. En el caso de la aerolínea Spanair, por ejemplo, se anunciaron más de 1.100 despidos. Tras las bajas incentivadas y negociar con los trabajadores, se ha quedado en algo más de 600.
Los gigantes empresariales destruyen medio millón de empleos en un año. La crisis la provocan ellos y su irracional sistema económico, pero la descargan sobre los trabajadores.
La crisis que comenzó con términos que sonaban lejanos ahora ya usa palabras que todo mortal comprende, porque de los titulares de subprimes y hedge funds hemos pasado a los simples y llanos despidos. El terremoto hipotecario ha desembocado en un tsunami de "reestructuraciones" con sello internacional que está dejando en la calle a banqueros y directivos, pero también a obreros y técnicos. Los problemas de los grandes titanes de la banca de inversión arrastran 230.000 despidos desde que comenzó la debacle en el verano de 2007. La crisis en las grandes corporaciones del automóvil, transporte, minería, acero o electrónica dejan atrás un reguero de más de 260.000 sólo en los últimos tres meses.
"Trabajamos en un plan para eliminar un significativo número de puestos de trabajo en los próximos tres años a raíz de la fusión pendiente con Merrill Lynch y el débil entorno macroeconómico". Con estas palabras, Bank of America se sumaba al carro de los despidos masivos el jueves. Piensa echar a entre 30.000 y 35.000 personas. Turbulencias financieras, debilitamiento macroeconómico, caída del consumo, menos financiación... Explicaciones diversas para una misma acción: adelgazar las plantillas.
El automóvil es uno de los grandes damnificados. La venta de coches se ha reducido drásticamente. El pasado mes de noviembre, sólo en España se vendieron un 50% menos coches que el año anterior. Renault anunció en septiembre 6.000 despidos. En octubre, Chrysler dio a conocer otros 6.000. Peugeot, 3.550, casi a la vez que Ford anunció sus 2.260. Volvo ha ido dando cifras durante los últimos tres meses, hasta recalar en los 4.340 puestos de trabajo menos. Nissan, en los 2.500. Incluso los lujosos Rolls-Royce tienen menos tirón con esto de la mala coyuntura, y piensan deshacerse de hasta 2.000 trabajadores.
Todas esas cifras astronómicas son globales y, en general, todas son anunciadas por un alto cargo o un comunicado desde la sede central de Estados Unidos, Francia o Japón. Sin embargo, su condición de multinacional hace que las tijeras lleguen a todos los rincones del planeta. En muchos casos, aterrizan con fuerza en España.
El gigante siderúrgico ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, quiere eliminar 9.000 puestos de trabajo. Afectará a unos 600 trabajadores en España. Cuando Sony anunció el pasado martes que piensa despedir a 16.000 trabajadores entre fijos y temporales, las lágrimas llegaron a Viladecavalls, provincia de Barcelona, donde la firma de electrónica japonesa tiene una fábrica. Sony asegura que con la crisis venden hasta un 50% menos y, además, en la fábrica de Nitra, Eslovaquia, tienen el doble de capacidad de fabricación que en la catalana y los sueldos son hasta un 75% más bajos.
"Asistimos a las consecuencias de que ya no somos tan baratos", razona Salvador del Rey, catedrático y socio director del área laboral del despacho de abogados Cuatrecasas. El proceso de deslocalización de las fábricas hacia el Este no es nuevo, pero, según Del Rey, la peor coyuntura económica lo está acelerando. Con la crisis encima, cada dólar y cada euro cuenta, y aunque España todavía tiene bastante que ofrecer en muchos sectores, algunos de los que necesitan mano de obra intensiva ya no son competitivos aquí. "Eso ya pasó cuando España entró en la Unión Europea. Fue doloroso, pero hubo que renunciar a algunos sectores, y llevar a cabo una reconversión industrial", razona. Cuando una multinacional habla de "reestructurar", las decisiones vienen de la central. Lo que no hay que olvidar es que luego se aplican según la legislación de cada país. "En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha más libertad para el despido. Es mucho más inmediato", explica Fermín Guardiola, socio director del departamento laboral en Madrid del despacho Baker & McKenzie. En aquel país, del que han llegado los recortes de las principales firmas financieras, así como tecnología o química, las empresas tienen derecho a ser union free companies (compañías libres de sindicatos).
Según un reciente informe del servicio de estudios económicos de La Caixa, "el mercado laboral de Estados Unidos es el más flexible del mundo". En muchas de las jurisdicciones, explican, no existen límites legales al uso de contratos temporales, no se fija un mínimo de vacaciones o máximo de horas; los costes del despido se negocian libremente entre trabajador y empresa, y los subsidios de desempleo son poco generosos. Ante los problemas económicos, el despido es una herramienta más de ajuste, y su efecto lo acaban exportando a medio mundo.
"En España, el proceso para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) es muy largo. Antes de llegar a eso, se congelan sueldos, se suprimen subcontratas, se elimina a los trabajadores temporales, se suspende empleo y, finalmente, despiden", repasa Guardiola. Por eso, dice, las desorbitadas cifras de anuncio de despidos que se han conocido hasta ahora pueden reducirse un poco al llegar aquí. En el caso de la fábrica de Sony, por ejemplo, la directiva ya ha propuesto congelar salarios.
En muchos otros sectores, los sindicatos buscan vías alternativas, como las prejubilaciones o el recorte de turnos. En el caso de la aerolínea Spanair, por ejemplo, se anunciaron más de 1.100 despidos. Tras las bajas incentivadas y negociar con los trabajadores, se ha quedado en algo más de 600.
sábado, 13 de diciembre de 2008
La pensión media asturiana subirá 21 euros
como si eso compensara todas las subidas de productos básicos...
de la nueva españa
El retroceso de la economía l Las cuentas domésticas
La mayor caída mensual de la inflación en 22 años limita la actualización de los ingresos de los jubilados para 2009
El IPC se pone en el 2,4% en España y Asturias registra la tasa más alta por los precios hosteleros y la vivienda
La caída del precio del petróleo y la moderación de buena parte de los alimentos (leche, pan, legumbres y aceite, entre otros) ha propiciado que la inflación cayera en España al 2,4 por ciento el pasado noviembre. Un resultado que marca la compensación que recibirán en enero los pensionistas por la desviación del índice de precios al consumo (IPC) y que influye, asimismo, en la actualización general que experimentaran las pensiones. La mayoría de ellas subirán el próximo año el 2,4 por ciento (el 2 por ciento de la inflación prevista para 2009 y el 0,4 por ciento de la desviación de 2008). Para el caso de Asturias, ese cálculo supone que la prestación media subirá unos 21 euros la mes.
La información que ayer divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrobora que los precios están a la baja en España, gracias principalmente al comportamiento del petróleo y de los carburantes. Detenida la escalada del crudo, en noviembre se abarataron en España los gastos de transporte y de calefacción. También los alimentos. Esas variaciones situaron la tasa interanual en el 2,4 por ciento, la más baja desde agosto de 2007. Además, el IPC no registraba un descenso interanual de esta magnitud desde hace casi 22 años, en concreto desde enero de 1987.
En noviembre, los precios descendieron en términos interanuales por cuarto mes consecutivo, tras una escalada que los llevó a alcanzar en julio el 5,3 por ciento. Desde entonces, este indicador ha caído 2,9 puntos, en línea con la tendencia a la baja del precio del petróleo y el abaratamiento de algunos alimentos.
De un mes para otro, el IPC bajó el 0,4 por ciento en España. Se abarató el transporte, los gastos de ocio, los precios hosteleros y los costes de mantenimiento de la vivienda. En cambio, subió el vestido y el calzado, algo habitual en unas fechas en las que la temporada de moda de invierno entra de lleno en los negocios textiles.
Asturias ha sido habitualmente una región menos inflacionista que otras, pero en este año de crisis no está ocurriendo así. En relación con octubre, el IPC sólo bajó el 0,1 por ciento y la inflación interanual se ha situado en el 2,7 por ciento, tres décimas por encima de la media y el valor más alto de España. Sólo en Canarias y el País Vasco se alcanza el citado 2,7 por ciento. Las principales diferencias en el caso de Asturias están en la subida de los precios de la hostelería -5,4 por ciento interanual, el mayor aumento del país- y en ciertos gastos de conservación de la vivienda. Los alimentos, en cambio, están subiendo en el Principado a la par que en el resto de España.
El descenso de la inflación fue saludado ayer por el Gobierno como una buena noticia para los consumidores, aunque en otros ámbitos se está sembrando cierta alerta sobre el riesgo de deflación (descenso sostenido de los precios), un fenómeno muy temido por los economistas.
Para las cuentas de la Seguridad Social sí es una buena noticia. El IPC interanual de noviembre se utiliza para actualizar las pensiones y compensar a sus beneficiarios por la desviación en relación con la inflación prevista por el Gobierno (2 por ciento) y la pérdida de poder adquisitivo. Al tratarse de 0,4 décimas, el gasto de la Seguridad Social se limitará a 635 millones de euros, cuatro veces menos que el pasado año. A finales del próximo enero, los pensionistas recibirán un pago extra de compensación. Según cálculos del Ministerio de Trabajo, la cantidad media que percibirán los pensionistas asturianos será de unos 47 euros.
La actualización de las pensiones por el IPC se añadirá a la subida general de 2009, de modo que la mayoría de jubilados, viudas y otros beneficiarios cobrarán desde enero el 2,4 por ciento más. El Gobierno informó de que la prestación media asturiana pasará de unos 871 euros mensuales a 892. No obstante, buena parte de los pensionistas asturianos no alcanza esa media de ingresos. Para el grupo de los que tienen percepciones menores, los beneficiarios de las llamadas pensiones mínimas, el Ejecutivo ha aprobado incrementos superiores que oscilan entre el 3,4 por ciento y un 6,8 por ciento y que beneficiarán a más de 2,6 millones de personas en todo el país. El mayor incremento de las pensiones mínimas, el 6,4 por ciento, corresponderá a los pensionistas sin cónyuge que viven solos y tienen bajos ingresos. En el caso de las pensiones de viudedad, si el titular tiene cargas, la pensión subirá el 5,84 por ciento para los mayores de 65 años o con discapacidad.
de la nueva españa
El retroceso de la economía l Las cuentas domésticas
La mayor caída mensual de la inflación en 22 años limita la actualización de los ingresos de los jubilados para 2009
El IPC se pone en el 2,4% en España y Asturias registra la tasa más alta por los precios hosteleros y la vivienda
La caída del precio del petróleo y la moderación de buena parte de los alimentos (leche, pan, legumbres y aceite, entre otros) ha propiciado que la inflación cayera en España al 2,4 por ciento el pasado noviembre. Un resultado que marca la compensación que recibirán en enero los pensionistas por la desviación del índice de precios al consumo (IPC) y que influye, asimismo, en la actualización general que experimentaran las pensiones. La mayoría de ellas subirán el próximo año el 2,4 por ciento (el 2 por ciento de la inflación prevista para 2009 y el 0,4 por ciento de la desviación de 2008). Para el caso de Asturias, ese cálculo supone que la prestación media subirá unos 21 euros la mes.
La información que ayer divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrobora que los precios están a la baja en España, gracias principalmente al comportamiento del petróleo y de los carburantes. Detenida la escalada del crudo, en noviembre se abarataron en España los gastos de transporte y de calefacción. También los alimentos. Esas variaciones situaron la tasa interanual en el 2,4 por ciento, la más baja desde agosto de 2007. Además, el IPC no registraba un descenso interanual de esta magnitud desde hace casi 22 años, en concreto desde enero de 1987.
En noviembre, los precios descendieron en términos interanuales por cuarto mes consecutivo, tras una escalada que los llevó a alcanzar en julio el 5,3 por ciento. Desde entonces, este indicador ha caído 2,9 puntos, en línea con la tendencia a la baja del precio del petróleo y el abaratamiento de algunos alimentos.
De un mes para otro, el IPC bajó el 0,4 por ciento en España. Se abarató el transporte, los gastos de ocio, los precios hosteleros y los costes de mantenimiento de la vivienda. En cambio, subió el vestido y el calzado, algo habitual en unas fechas en las que la temporada de moda de invierno entra de lleno en los negocios textiles.
Asturias ha sido habitualmente una región menos inflacionista que otras, pero en este año de crisis no está ocurriendo así. En relación con octubre, el IPC sólo bajó el 0,1 por ciento y la inflación interanual se ha situado en el 2,7 por ciento, tres décimas por encima de la media y el valor más alto de España. Sólo en Canarias y el País Vasco se alcanza el citado 2,7 por ciento. Las principales diferencias en el caso de Asturias están en la subida de los precios de la hostelería -5,4 por ciento interanual, el mayor aumento del país- y en ciertos gastos de conservación de la vivienda. Los alimentos, en cambio, están subiendo en el Principado a la par que en el resto de España.
El descenso de la inflación fue saludado ayer por el Gobierno como una buena noticia para los consumidores, aunque en otros ámbitos se está sembrando cierta alerta sobre el riesgo de deflación (descenso sostenido de los precios), un fenómeno muy temido por los economistas.
Para las cuentas de la Seguridad Social sí es una buena noticia. El IPC interanual de noviembre se utiliza para actualizar las pensiones y compensar a sus beneficiarios por la desviación en relación con la inflación prevista por el Gobierno (2 por ciento) y la pérdida de poder adquisitivo. Al tratarse de 0,4 décimas, el gasto de la Seguridad Social se limitará a 635 millones de euros, cuatro veces menos que el pasado año. A finales del próximo enero, los pensionistas recibirán un pago extra de compensación. Según cálculos del Ministerio de Trabajo, la cantidad media que percibirán los pensionistas asturianos será de unos 47 euros.
La actualización de las pensiones por el IPC se añadirá a la subida general de 2009, de modo que la mayoría de jubilados, viudas y otros beneficiarios cobrarán desde enero el 2,4 por ciento más. El Gobierno informó de que la prestación media asturiana pasará de unos 871 euros mensuales a 892. No obstante, buena parte de los pensionistas asturianos no alcanza esa media de ingresos. Para el grupo de los que tienen percepciones menores, los beneficiarios de las llamadas pensiones mínimas, el Ejecutivo ha aprobado incrementos superiores que oscilan entre el 3,4 por ciento y un 6,8 por ciento y que beneficiarán a más de 2,6 millones de personas en todo el país. El mayor incremento de las pensiones mínimas, el 6,4 por ciento, corresponderá a los pensionistas sin cónyuge que viven solos y tienen bajos ingresos. En el caso de las pensiones de viudedad, si el titular tiene cargas, la pensión subirá el 5,84 por ciento para los mayores de 65 años o con discapacidad.
La Corriente Sindical de Izquierda, CSI, recurre el ERE de Naval Gijón que cierra el Astillero
Miguel Ángel Llana
Rebelión
La CSI presentará, en breve, una demanda ante el Juzgado de lo Social reclamando la "Tutela de los Derechos Fundamentales" y también sobre la "Discriminación Sindical" a la que la CSI dice haber sido relegada.
La CSI también presentará demanda penal por las irregularidades que se han cometido en el entorno de Naval Gijón por las entidades y autoridades relacionadas con la gestión, economía, finanzas y desarrollo del ERE (Expediente de Regulación y Empleo) del astillero y por el entramado e intereses empresariales que rodea esta actividad con tan nefastos resultados para sus trabajadores y para la economía regional en general, según declaran los dirigentes de la CSI.
Informe de Oposición al ERE presentado por la CSI ante la Dirección de Trabajo y Empleo de Asturias
Los tres representantes del Comité de Empresa de Naval Gijón, pertenecientes a la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, presentaron un largo y detallado informe oponiéndose al Expediente de Regulación de Empleo, ERE, solicitado por el Astillero que alega causas económicas y productivas para su cierre, ante la Dirección de Trabajo y Empleo.
Los miembros del Comité, representantes de la CSI, basan la petición de nulidad en las numerosas irregularidades legales, económicas, formales y de procedimiento que se han ido produciendo a lo largo de las negociaciones de tal modo que, invalidan de por sí, el ERE que afecta a toda la plantilla y que lleva al cierre definitivo del astillero.
Aunque por una parte todo el Comité de Empresa manifestó que no acudirían a la reunión si no se les entregaba la documentación e informes sobre los que poder negociar y proponer alternativas sin embargo, el día 3 de diciembre, la empresa presenta un acuerdo negociado dos días antes con CCOO y UGT, al margen de los tres representantes de la CSI y que, incluso, sale publicado, al mismo tiempo, en la prensa regional.
El escrito presentado por la CSI describe la historia del astillero y considera que su actividad está rodeada de irregularidades económicas, financiaras y legales. Consideran también, en primer lugar, que la Dirección de Trabajo de Asturias no es competente para resolver el ERE presentado porque afecta a varias comunidades autonómicas y por la trascendencia social que supondría la pérdida de mil puestos de trabajo. Consideran además, que el Director de Trabajo no es competente por ser un puesto político dependiente del Consejero de Industria que es, por otra parte, consejero de PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), la sociedad que es la que dirige Naval Gijón y ahora protagoniza su cierre.
El proceso de negociación comienza con un escrito de Naval Gijón dirigido a los representantes de los trabajadores y acompañado de una documentación incompleta que no se ajustada a lo estipulado por la ley, como así se desprende del escrito presentado. A pesar de los requerimientos del Comité de Empresa, Naval Gijón en ningún momento aportó la documentación que es exigible legalmente en un expediente de estas características. Por esta razón no es posible que se pueda iniciar una negociación al carecer de documentos e informes esenciales sobre lo que se va a negociar. Esto niega y conduce a la ruptura del principio de buena fe que ha de presidir cualquier acuerdo.
Pero, es más, la empresa falseó los datos económicos en la documentación que entregó al Comité, según se expresa claramente en el escrito presentado. Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil pertenecientes a los años 2005 y 2006, son distintas a las entregadas al Comité de Empresa. Esta falsificación es todavía más grave para el 2007 porque estas cuentas no aparecen ni registradas ni auditadas, de tal modo que lo entregado al Comité puede estar aún mas falseado.
Todos estos hechos y las argumentaciones descritas nos han de llevar a que el ERE presentado, y a pesar de existir un acuerdo del Comité de Empresa y la votación de la asamblea, no puede validar un procedimiento con tan graves incumplimientos del mandato legal que no es susceptible de ser subsanado por acuerdo de ningún Comité y, menos aún, ante la existencia de fraude, dolo, coacción, falsificación y abuso del derecho, como así se argumenta en el escrito presentado.
La ilegalidad mas evidente en la tramitación del expediente es, por un lado, no entregar al Comité de Empresa la documentación exigida, y obligada por ley, lo que priva al Comité de poder negociar y aportar medidas para resolver o aminorar el expediente y, por otro lado, que la negociación se llevó al margen del conjunto del Comité, pues es evidente, y así se refleja en los medios de comunicación, que el acuerdo se llevó entre PYMAR y las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, sin que nada se hubiera negociado. Con este preámbulo Naval Gijón presenta un documento final, como el "ultimo y definitivo" en el que dice recoger las peticiones de CCOO y UGT que coinciden con la empresa en cerrar el astillero coincidiendo también con PYMAR, la Cosejería de Industria, su Consejero Graciano Torre y con la Administración regional y del Estado.
Se confirma que el cierre de Naval Gijón se negoció de forma irregular con una parte del Comité de Empresa: el astillero comenzó a vender la maquinaría y la chapa en perfecto estado ya que conocía su inminente cierre y, además, con bastante antelación a la presentación del ERE. Todo ello está constatado por la Inspección de Trabajo y con el beneplácito de la Administración.
Conforme a lo expuesto, los tres miembros firmantes del Comité de Empresa pertenecientes a la CSI, solicitan que se declare a la Autoridad Laboral de Asturias incompetente para decidir o resolver sobre el cierre del astillero y que se deniegue el Expediente de Regulación de Empleo solicitado por Naval Gijón.
Documento completo:
http://www.asturbulla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1443:la-csi-recurre-el-expediente-de-regualacion-de-empleo-de-naval-gijon&catid=35:laboral&Itemid=179
Rebelión
La CSI presentará, en breve, una demanda ante el Juzgado de lo Social reclamando la "Tutela de los Derechos Fundamentales" y también sobre la "Discriminación Sindical" a la que la CSI dice haber sido relegada.
La CSI también presentará demanda penal por las irregularidades que se han cometido en el entorno de Naval Gijón por las entidades y autoridades relacionadas con la gestión, economía, finanzas y desarrollo del ERE (Expediente de Regulación y Empleo) del astillero y por el entramado e intereses empresariales que rodea esta actividad con tan nefastos resultados para sus trabajadores y para la economía regional en general, según declaran los dirigentes de la CSI.
Informe de Oposición al ERE presentado por la CSI ante la Dirección de Trabajo y Empleo de Asturias
Los tres representantes del Comité de Empresa de Naval Gijón, pertenecientes a la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, presentaron un largo y detallado informe oponiéndose al Expediente de Regulación de Empleo, ERE, solicitado por el Astillero que alega causas económicas y productivas para su cierre, ante la Dirección de Trabajo y Empleo.
Los miembros del Comité, representantes de la CSI, basan la petición de nulidad en las numerosas irregularidades legales, económicas, formales y de procedimiento que se han ido produciendo a lo largo de las negociaciones de tal modo que, invalidan de por sí, el ERE que afecta a toda la plantilla y que lleva al cierre definitivo del astillero.
Aunque por una parte todo el Comité de Empresa manifestó que no acudirían a la reunión si no se les entregaba la documentación e informes sobre los que poder negociar y proponer alternativas sin embargo, el día 3 de diciembre, la empresa presenta un acuerdo negociado dos días antes con CCOO y UGT, al margen de los tres representantes de la CSI y que, incluso, sale publicado, al mismo tiempo, en la prensa regional.
El escrito presentado por la CSI describe la historia del astillero y considera que su actividad está rodeada de irregularidades económicas, financiaras y legales. Consideran también, en primer lugar, que la Dirección de Trabajo de Asturias no es competente para resolver el ERE presentado porque afecta a varias comunidades autonómicas y por la trascendencia social que supondría la pérdida de mil puestos de trabajo. Consideran además, que el Director de Trabajo no es competente por ser un puesto político dependiente del Consejero de Industria que es, por otra parte, consejero de PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), la sociedad que es la que dirige Naval Gijón y ahora protagoniza su cierre.
El proceso de negociación comienza con un escrito de Naval Gijón dirigido a los representantes de los trabajadores y acompañado de una documentación incompleta que no se ajustada a lo estipulado por la ley, como así se desprende del escrito presentado. A pesar de los requerimientos del Comité de Empresa, Naval Gijón en ningún momento aportó la documentación que es exigible legalmente en un expediente de estas características. Por esta razón no es posible que se pueda iniciar una negociación al carecer de documentos e informes esenciales sobre lo que se va a negociar. Esto niega y conduce a la ruptura del principio de buena fe que ha de presidir cualquier acuerdo.
Pero, es más, la empresa falseó los datos económicos en la documentación que entregó al Comité, según se expresa claramente en el escrito presentado. Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil pertenecientes a los años 2005 y 2006, son distintas a las entregadas al Comité de Empresa. Esta falsificación es todavía más grave para el 2007 porque estas cuentas no aparecen ni registradas ni auditadas, de tal modo que lo entregado al Comité puede estar aún mas falseado.
Todos estos hechos y las argumentaciones descritas nos han de llevar a que el ERE presentado, y a pesar de existir un acuerdo del Comité de Empresa y la votación de la asamblea, no puede validar un procedimiento con tan graves incumplimientos del mandato legal que no es susceptible de ser subsanado por acuerdo de ningún Comité y, menos aún, ante la existencia de fraude, dolo, coacción, falsificación y abuso del derecho, como así se argumenta en el escrito presentado.
La ilegalidad mas evidente en la tramitación del expediente es, por un lado, no entregar al Comité de Empresa la documentación exigida, y obligada por ley, lo que priva al Comité de poder negociar y aportar medidas para resolver o aminorar el expediente y, por otro lado, que la negociación se llevó al margen del conjunto del Comité, pues es evidente, y así se refleja en los medios de comunicación, que el acuerdo se llevó entre PYMAR y las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, sin que nada se hubiera negociado. Con este preámbulo Naval Gijón presenta un documento final, como el "ultimo y definitivo" en el que dice recoger las peticiones de CCOO y UGT que coinciden con la empresa en cerrar el astillero coincidiendo también con PYMAR, la Cosejería de Industria, su Consejero Graciano Torre y con la Administración regional y del Estado.
Se confirma que el cierre de Naval Gijón se negoció de forma irregular con una parte del Comité de Empresa: el astillero comenzó a vender la maquinaría y la chapa en perfecto estado ya que conocía su inminente cierre y, además, con bastante antelación a la presentación del ERE. Todo ello está constatado por la Inspección de Trabajo y con el beneplácito de la Administración.
Conforme a lo expuesto, los tres miembros firmantes del Comité de Empresa pertenecientes a la CSI, solicitan que se declare a la Autoridad Laboral de Asturias incompetente para decidir o resolver sobre el cierre del astillero y que se deniegue el Expediente de Regulación de Empleo solicitado por Naval Gijón.
Documento completo:
http://www.asturbulla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1443:la-csi-recurre-el-expediente-de-regualacion-de-empleo-de-naval-gijon&catid=35:laboral&Itemid=179
viernes, 12 de diciembre de 2008
La patronal insiste en abaratar el despido
Hacen la propuesta frente al presidente del Gobierno que les urge a cerrar la negociación colectiva
"Presidente, te necesitamos, pero nos necesitas". Con este sorprendente tuteo y en tono acuciante, el presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, transmitió ayer a José Luis Rodríguez Zapatero la necesidad de frenar la crisis. El marco fue la asamblea anual de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que los empresarios repasaron sus propuestas económicas.
Díaz Ferrán rescató los principios liberales del plan estratégico presentado el pasado año con el acento en notas diferentes. El recetario de los empresarios estuvo manchado en esta ocasión por la urgente petición de liquidez para las pequeñas empresas (ver pág. 22), un factor imprevisible hace un año. El otro punto fuerte volvió a ser la flexibilización del mercado laboral, habida cuenta de los numerosos procesos de regulación de empleo en marcha. Díaz Ferrán dio que llevaría al Diálogo Social una nueva fórmula de contrato con menos indemnización para abaratar el despido. Sin entrar en detalles, sólo recordó que el nuevo contrato no interferería con los derechos acumulados en los otros contratos vigentes.
Pese a la contundencia de la declaración, y a que el presidente del Gobierno estaba de testigo, ni otros empresarios de la patronal ni los sindicatos confían en que Ferrán se atreva a llevar esta propuesta al Diálogo Social. Sus interlocutores advierten de que si Ferrán sigue con estas declaraciones altisonantes se puede convertir en el protagonista de Pedro y el Lobo.
Respecto a los salarios, el presidente de la CEOE sólo habló esta vez de ligarlos a la productividad y de su deseo de mantener el poder adquisitivo, sin invocar la congelación salarial que había exigido recientemente. Precisamente, la CEOE aprovechó la asamblea para aprobar, por unanimidad, una subida de los presupuestos del 21% para 2009, hasta 17 millones de euros, y la actualización automática del 2% del IPC para la cuota de los socios, que en ningún momento reclamaron su congelación pese a la gravedad de la crisis.
Otro aspecto novedoso fue la increpación a las Administraciones Públicas por su demora en pagar a sus proveedores del sector privado. Ferrán recordó que estos retrasos secan aún más la liquidez de las empresas. Eso sí, el presidente de los empresarios reconoció lo positivo aunque tardío de las medidas del Gobierno y le tendió la mano para que contara con su organización.
Pese a este cálido ofrecimiento, el recibimiento del casi millar de empresarios al presidente del Gobierno fue más que gélido. Zapatero, que se mostró inquieto durante el discurso de Ferrán tamborileando intermitentemente en la mesa, recogió el guante del ofrecimiento de la patronal pero también le recordó que la toma y ejecución de las medidas es responsabilidad del Gobierno. Les apresuró a cerrar cuanto antes la negociación colectiva y a trabajar en el Diálogo Social "ahora que los empresarios entienden las ventajas de la paz social". El recuerdo a la paz social no libró a Zapatero de la increpación de un espontáneo al final del acto.
"Presidente, te necesitamos, pero nos necesitas". Con este sorprendente tuteo y en tono acuciante, el presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, transmitió ayer a José Luis Rodríguez Zapatero la necesidad de frenar la crisis. El marco fue la asamblea anual de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que los empresarios repasaron sus propuestas económicas.
Díaz Ferrán rescató los principios liberales del plan estratégico presentado el pasado año con el acento en notas diferentes. El recetario de los empresarios estuvo manchado en esta ocasión por la urgente petición de liquidez para las pequeñas empresas (ver pág. 22), un factor imprevisible hace un año. El otro punto fuerte volvió a ser la flexibilización del mercado laboral, habida cuenta de los numerosos procesos de regulación de empleo en marcha. Díaz Ferrán dio que llevaría al Diálogo Social una nueva fórmula de contrato con menos indemnización para abaratar el despido. Sin entrar en detalles, sólo recordó que el nuevo contrato no interferería con los derechos acumulados en los otros contratos vigentes.
Pese a la contundencia de la declaración, y a que el presidente del Gobierno estaba de testigo, ni otros empresarios de la patronal ni los sindicatos confían en que Ferrán se atreva a llevar esta propuesta al Diálogo Social. Sus interlocutores advierten de que si Ferrán sigue con estas declaraciones altisonantes se puede convertir en el protagonista de Pedro y el Lobo.
Respecto a los salarios, el presidente de la CEOE sólo habló esta vez de ligarlos a la productividad y de su deseo de mantener el poder adquisitivo, sin invocar la congelación salarial que había exigido recientemente. Precisamente, la CEOE aprovechó la asamblea para aprobar, por unanimidad, una subida de los presupuestos del 21% para 2009, hasta 17 millones de euros, y la actualización automática del 2% del IPC para la cuota de los socios, que en ningún momento reclamaron su congelación pese a la gravedad de la crisis.
Otro aspecto novedoso fue la increpación a las Administraciones Públicas por su demora en pagar a sus proveedores del sector privado. Ferrán recordó que estos retrasos secan aún más la liquidez de las empresas. Eso sí, el presidente de los empresarios reconoció lo positivo aunque tardío de las medidas del Gobierno y le tendió la mano para que contara con su organización.
Pese a este cálido ofrecimiento, el recibimiento del casi millar de empresarios al presidente del Gobierno fue más que gélido. Zapatero, que se mostró inquieto durante el discurso de Ferrán tamborileando intermitentemente en la mesa, recogió el guante del ofrecimiento de la patronal pero también le recordó que la toma y ejecución de las medidas es responsabilidad del Gobierno. Les apresuró a cerrar cuanto antes la negociación colectiva y a trabajar en el Diálogo Social "ahora que los empresarios entienden las ventajas de la paz social". El recuerdo a la paz social no libró a Zapatero de la increpación de un espontáneo al final del acto.
Las pensiones sólo subirán un 2,4% en 2009
Malas noticias para los pensionistas españoles. La fuerte caída de los precios del petróleo desde el pasado mes de julio ha permitido la relajación de los precios en España, que bajaron cuatro décimas en noviembre respecto al mes anterior, situando la tasa interanual en el 2,4%. La bajada es importante, sobre todo para las arcas de la Seguridad Social, ya que la inflación interanual de noviembre es la que utiliza como referencia para la revalorización de las pensiones.
Así, al haberse situado la inflación en el 2,4%, el Gobierno tendrá que destinar unos 624 millones de euros a compensar a los pensionistas por la desviación de precios en 2008, siendo esta compensación la más baja de los últimos 15 años. Según los cálculos del Departamento dirigido por Celestino Corbacho, ante una desviación de cuatro décimas sobre el objetivo del 2%, la Seguridad Social tendrá que abonar 312 millones para la paga compensatoria de los pensionistas.
Además, la consolidación de esta desviación en la nómina de las pensiones del próximo año supondrá una cantidad similar (otros 312 millones), lo que elevará el coste total a unos 624 millones de euros. Esta cifra es muy inferior a los 3.121,8 millones de euros que tuvo que destinar el pasado año el Gobierno a compensar a los pensionistas por el incremento de los precios, debido a que en noviembre de 2007 la inflación interanual se situó en el 4,1%, 2,1 puntos por encima del objetivo del 2%.
El año pasado, el IPC se situó en noviembre en el 4,1%, un porcentaje que, un año más tarde se ha reducido práctcamente hasta la mitad gracias al abaratamiento de los carburantes y de gran parte de los alimentos, como la leche, el queso, el pan, las legumbres y el aceite, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tasa del 2,4% es la más baja desde agosto de 2007, cuando la inflación alcanzó el 2,2%. En noviembre, los precios descendieron en términos interanuales por cuarto mes consecutivo, tras una escalada que les llevó a alcanzar en julio el 5,3%. Desde entonces, este indicador ha caído 2,9 puntos, en línea con la tendencia a la baja del precio del petróleo y el abaratamiento de algunos alimentos.
Se abaratan los carburantes
La caída de la inflación interanual en noviembre se debió al comportamiento del transporte, que ha reducido casi seis puntos su tasa anual respecto a octubre, hasta el -1,5%, como consecuencia del abaratamiento de los carburantes y lubricantes, cuyo precio se ha reducido este año en contraste con el ascenso que experimentaron en noviembre de 2007.
También han influido en esta variación los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un descenso de nueve décimas en su tasa anual, hasta el 3,1%, gracias a la disminución de precios de gran parte de los alimentos, frente a las subidas que registraron en noviembre del año pasado. Destacan, especialmente, la leche y otros productos lácteos, los quesos, el pan, las legumbres y hortalizas frescas y los aceites.
La vivienda ha colaborado también en la caída de la inflación, al haber reducido en noviembre ocho décimas su tasa anual, hasta el 6,6%, impulsada por la bajada del precio del gasóleo para calefacción.
Por su parte, la inflación subyacente (que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados) se situó en noviembre en el 2,7%, dos décimas inferior a la tasa de octubre, mientras que el Indicador de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el 2,4% interanual, 1,2 puntos menos que en del mes anterior, coincidiendo con los datos adelantados por el INE a finales del mes pasado. En el acumulado del año, la inflación se sitúa en el 2%.
Así, al haberse situado la inflación en el 2,4%, el Gobierno tendrá que destinar unos 624 millones de euros a compensar a los pensionistas por la desviación de precios en 2008, siendo esta compensación la más baja de los últimos 15 años. Según los cálculos del Departamento dirigido por Celestino Corbacho, ante una desviación de cuatro décimas sobre el objetivo del 2%, la Seguridad Social tendrá que abonar 312 millones para la paga compensatoria de los pensionistas.
Además, la consolidación de esta desviación en la nómina de las pensiones del próximo año supondrá una cantidad similar (otros 312 millones), lo que elevará el coste total a unos 624 millones de euros. Esta cifra es muy inferior a los 3.121,8 millones de euros que tuvo que destinar el pasado año el Gobierno a compensar a los pensionistas por el incremento de los precios, debido a que en noviembre de 2007 la inflación interanual se situó en el 4,1%, 2,1 puntos por encima del objetivo del 2%.
El año pasado, el IPC se situó en noviembre en el 4,1%, un porcentaje que, un año más tarde se ha reducido práctcamente hasta la mitad gracias al abaratamiento de los carburantes y de gran parte de los alimentos, como la leche, el queso, el pan, las legumbres y el aceite, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tasa del 2,4% es la más baja desde agosto de 2007, cuando la inflación alcanzó el 2,2%. En noviembre, los precios descendieron en términos interanuales por cuarto mes consecutivo, tras una escalada que les llevó a alcanzar en julio el 5,3%. Desde entonces, este indicador ha caído 2,9 puntos, en línea con la tendencia a la baja del precio del petróleo y el abaratamiento de algunos alimentos.
Se abaratan los carburantes
La caída de la inflación interanual en noviembre se debió al comportamiento del transporte, que ha reducido casi seis puntos su tasa anual respecto a octubre, hasta el -1,5%, como consecuencia del abaratamiento de los carburantes y lubricantes, cuyo precio se ha reducido este año en contraste con el ascenso que experimentaron en noviembre de 2007.
También han influido en esta variación los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un descenso de nueve décimas en su tasa anual, hasta el 3,1%, gracias a la disminución de precios de gran parte de los alimentos, frente a las subidas que registraron en noviembre del año pasado. Destacan, especialmente, la leche y otros productos lácteos, los quesos, el pan, las legumbres y hortalizas frescas y los aceites.
La vivienda ha colaborado también en la caída de la inflación, al haber reducido en noviembre ocho décimas su tasa anual, hasta el 6,6%, impulsada por la bajada del precio del gasóleo para calefacción.
Por su parte, la inflación subyacente (que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados) se situó en noviembre en el 2,7%, dos décimas inferior a la tasa de octubre, mientras que el Indicador de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) alcanzó el 2,4% interanual, 1,2 puntos menos que en del mes anterior, coincidiendo con los datos adelantados por el INE a finales del mes pasado. En el acumulado del año, la inflación se sitúa en el 2%.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
700 millones en dividendos para los grandes constructores
¿quien dijo crisis?
Susana R. Arenes
Público
Los dueños de las grandes constructoras han cobrado este año los réditos de un buen 2007, cuando ACS, Ferrovial, FCC, Acciona y Sacyr ganaron 4.900 millones. Los principales accionistas de estos gigantes se han embolsado este año en torno a 700 millones en dividendos, con cargo a las cuentas del pasado ejercicio.
Aunque el beneficio de las cinco grandes fue generoso en 2007 ya no creció, como lo había hecho en 2006, cuando estas compañías lograron duplicar sus ganancias gracias a algunas ventas que les dieron plusvalías y a los dividendos cobrados por su entrada en las energéticas, como es el caso de ACS, con sus participaciones en Unión Fenosa e Iberdrola, Acciona, con la de Endesa, y Sacyr, con la de Repsol. En el caso de Ferrovial, la compra del primer gestor de aeropuertos del mundo, el ex monopolio británico BAA, premió sus cuentas.
Pese a que los cinco gigantes de la construcción redujeron sus beneficios casi un 4% el año pasado, los dividendos aumentaron entre un 2% y un 40%, según los datos que dan las propias compañías.
Este último caso es el de ACS, la primera del sector, que está controlada por la familia de banqueros March (que tenía un 22% al comenzar el año y, tras dos amortizaciones de autocartera de la empresa, ahora ronda el 24%), Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos (empezaron el año con un 12,5% que, por el mismo efecto de reducir ACS el número de acciones en circulación, alcanzan casi el 14%) y Florentino Pérez, presidente del grupo (tenía el 11% y ahora supera el 12%). Con un 40% más de dividendo repartido a todos los accionistas, los March recibieron 129 millones; los Albertos, 73 millones; y el presidente del grupo, unos 64 millones.
Los Entrecanales fueron los segundos que más subieron el dividendo de su empresa, Acciona, en concreto, un 28%, tras el rendimiento que le han sacado a su 25% de Endesa. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y de Endesa, y su familia controlan un 59,8% de la empresa y se embolsaron 140 millones.
Ferrovial, un 22% más
Mientras, la familia Del Pino decidió aumentar el dividendo de Ferrovial (en la que tiene un 58,3% del capital) un 22% a pesar de que el beneficio de 2007 se redujo a la mitad por el impacto de digerir los aeropuertos británicos. Con cargo a las cuentas de ese año, como el resto de compañías, Rafael del Pino y tres de sus hermanos han percibido 104 millones de euros a lo largo de 2008. Fernando del Pino es el único que no entra dentro del reparto, ya que decidió, a finales de 2006, salirse de la sociedad familiar para montar una empresa de inversión por su cuenta tras dirimir sus diferencias con Rafael del Pino.
Más austera ha sido Esther Koplowitz, la segunda que más dinero recibe por dividendos tras los Entrecanales, 119 millones, aunque los ha aumentado sólo un 4%.
Pero el que más ha ajustado el pago de dividendos ha sido Sacyr, para la que está siendo un mal año. La empresa elevó un 1,7% el dividendo, lo que permitió a Luis del Rivero, presidente, cobrar 25 millones; al cofundador de Sacyr, José Manuel Loureda, percibir 24,7 millones; y a Juan Abelló, 18 millones.
Susana R. Arenes
Público
Los dueños de las grandes constructoras han cobrado este año los réditos de un buen 2007, cuando ACS, Ferrovial, FCC, Acciona y Sacyr ganaron 4.900 millones. Los principales accionistas de estos gigantes se han embolsado este año en torno a 700 millones en dividendos, con cargo a las cuentas del pasado ejercicio.
Aunque el beneficio de las cinco grandes fue generoso en 2007 ya no creció, como lo había hecho en 2006, cuando estas compañías lograron duplicar sus ganancias gracias a algunas ventas que les dieron plusvalías y a los dividendos cobrados por su entrada en las energéticas, como es el caso de ACS, con sus participaciones en Unión Fenosa e Iberdrola, Acciona, con la de Endesa, y Sacyr, con la de Repsol. En el caso de Ferrovial, la compra del primer gestor de aeropuertos del mundo, el ex monopolio británico BAA, premió sus cuentas.
Pese a que los cinco gigantes de la construcción redujeron sus beneficios casi un 4% el año pasado, los dividendos aumentaron entre un 2% y un 40%, según los datos que dan las propias compañías.
Este último caso es el de ACS, la primera del sector, que está controlada por la familia de banqueros March (que tenía un 22% al comenzar el año y, tras dos amortizaciones de autocartera de la empresa, ahora ronda el 24%), Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos (empezaron el año con un 12,5% que, por el mismo efecto de reducir ACS el número de acciones en circulación, alcanzan casi el 14%) y Florentino Pérez, presidente del grupo (tenía el 11% y ahora supera el 12%). Con un 40% más de dividendo repartido a todos los accionistas, los March recibieron 129 millones; los Albertos, 73 millones; y el presidente del grupo, unos 64 millones.
Los Entrecanales fueron los segundos que más subieron el dividendo de su empresa, Acciona, en concreto, un 28%, tras el rendimiento que le han sacado a su 25% de Endesa. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y de Endesa, y su familia controlan un 59,8% de la empresa y se embolsaron 140 millones.
Ferrovial, un 22% más
Mientras, la familia Del Pino decidió aumentar el dividendo de Ferrovial (en la que tiene un 58,3% del capital) un 22% a pesar de que el beneficio de 2007 se redujo a la mitad por el impacto de digerir los aeropuertos británicos. Con cargo a las cuentas de ese año, como el resto de compañías, Rafael del Pino y tres de sus hermanos han percibido 104 millones de euros a lo largo de 2008. Fernando del Pino es el único que no entra dentro del reparto, ya que decidió, a finales de 2006, salirse de la sociedad familiar para montar una empresa de inversión por su cuenta tras dirimir sus diferencias con Rafael del Pino.
Más austera ha sido Esther Koplowitz, la segunda que más dinero recibe por dividendos tras los Entrecanales, 119 millones, aunque los ha aumentado sólo un 4%.
Pero el que más ha ajustado el pago de dividendos ha sido Sacyr, para la que está siendo un mal año. La empresa elevó un 1,7% el dividendo, lo que permitió a Luis del Rivero, presidente, cobrar 25 millones; al cofundador de Sacyr, José Manuel Loureda, percibir 24,7 millones; y a Juan Abelló, 18 millones.
sábado, 6 de diciembre de 2008
Los sindicatos desconvocan la huelga de hostelería al obtener mejoras salariales
Los empresarios también aceptan aumentar progresivamente el número de días de descanso semanales
La patronal destaca su «esfuerzo» para evitar los tres días de paro, que «no beneficiaban a nadie del sector»
Una reunión maratoniana de casi siete horas puso ayer fin al conflicto laboral que amenazaba al sector hostelero. Los paros, programados para los días 12 y 19 de este mes y el 5 de enero, fueron desconvocados después de que la patronal aceptase varias de las reclamaciones sindicales -la principal, la mejora de los salarios-, lo cual permitirá la firma de un nuevo convenio colectivo por cuatro años.
Representantes de las tres patronales del sector -Hostelería de Asturias, Unión Hotelera y Hostelería de Gijón- y de los sindicatos UGT y CC OO defendieron hasta el último momento sus posiciones en la reunión que mantuvieron en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) en Oviedo. Al final todos cedieron.
Los responsables de las federaciones de Hostelería de UGT y CC OO, Marta González y Alfredo García, manifestaron su «satisfacción moderada» por el acuerdo. Consiguieron que los trabajadores no sólo no perdieran los derechos adquiridos, sino que el sueldo de la categoría más baja supere los mil euros mensuales, y que se consoliden los dos días de descanso consecutivos a la semana. Los representantes sindicales aceptaron que esta mejora se aplique de forma progresiva, en función del número de empleados de cada empresa. «Este derecho ya está consolidado», destacaron los dos sindicalistas. También están satisfechos con el incremento salarial, porque previsiblemente estará por encima del IPC real.
Por parte de la patronal, Alfredo García Quintana destacó el « esfuerzo» que hicieron los empresarios para evitar los tres días de paro, «que no beneficiaban a nadie del sector».
El acuerdo
Mejoras salariales
El incremento salarial para este año será del 2,8 por ciento, y se elevará al 3,6 por ciento en 2009; al 3,7 por ciento en 2010, y al 3,8 por ciento en 2011. Los sindicatos subrayan que estos porcentajes estarán previsiblemente por encima del IPC real. Con estos incrementos consiguieron que el sueldo de la categoría más baja supere los mil euros mensuales.
Descansos
Desde el 1 de enero del próximo año los trabajadores de empresas con una plantilla igual o superior a 20 empleados tienen derecho a dos días consecutivos de descanso a la semana. Desde el 1 de enero de 2010 podrán acogerse a este derecho los trabajadores de los centros que tengan una plantilla igual o superior a quince empleados. Y desde el 1 de enero de 2011 todos los trabajadores de hostelería de Asturias tendrán derecho a los dos días de descanso consecutivos. Los trabajadores que prefieran seguir descansando día y medio, como hasta ahora, podrán cobrar el medio día restante como horas extraordinarias, previo acuerdo con la empresa. El próximo miércoles las dos partes redactarán el documento final.
Herido grave un operario de una auxiliar al aplastarle las piernas una pieza en Arcelor
M. J. T., de 55 años y trabajador de Nervión Montajes y Mantenimiento, fue alcanzado por una máquina de una tonelada en la reparación del TBC
Un trabajador de la firma Nervión Montajes y Mantenimiento resultó ayer herido grave al ser alcanzado por una pieza de alrededor de una tonelada de peso en la reparación del tren de bandas en caliente (TBC) de Arcelor. El operario, de 55 años y cuya identidad responde a las iniciales M. J. T., fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde al cierre de esta edición permanecía en la unidad de vigilancia intensiva, con pronóstico muy grave, comunicaron fuentes sanitarias.
El accidente se produjo a las tres menos cuarto de la tarde, en el tren de bandas en caliente de la siderúrgica avilesina, que se encuentra en reparación por la avería de una tijera que obligó a adelantar la parada de la instalación. El operario de Nervión estaba estrobando (colocando amarres a una pieza) cuando una máquina de extracción de material de 1.000 kilos de peso se desprendió de una grúa por causas que se desconocen y le alcanzó a la altura de la cintura, aplastándole las piernas, comunicaron fuentes sindicales. Los servicios médicos de Arcelor atendieron en un primer momento al herido, que fue trasladado al San Agustín y derivado, a continuación, al Hospital Central, dada la gravedad de las heridas, según las mismas fuentes.
M. J. T. fue atendido en el servicio de urgencias del hospital ovetense, donde los facultativos detectaron un traumatismo torácico, entre otras lesiones, y lo trasladaron a la uvi.
El herido, casado y con cuatro hijas, es trabajador de Nervión Montajes y Mantenimiento, auxiliar de Arcelor-Mittal, firma que trabaja en el mantenimiento de las baterías y del tren de bandas en caliente, en el empaquetado de hojalata y galvanizado de la siderúrgica avilesina, así como en los hornos altos, el parque de carbones y el sínter de Veriña (Gijón), según comunicaron los sindicatos.
Un trabajador de la firma Nervión Montajes y Mantenimiento resultó ayer herido grave al ser alcanzado por una pieza de alrededor de una tonelada de peso en la reparación del tren de bandas en caliente (TBC) de Arcelor. El operario, de 55 años y cuya identidad responde a las iniciales M. J. T., fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde al cierre de esta edición permanecía en la unidad de vigilancia intensiva, con pronóstico muy grave, comunicaron fuentes sanitarias.
El accidente se produjo a las tres menos cuarto de la tarde, en el tren de bandas en caliente de la siderúrgica avilesina, que se encuentra en reparación por la avería de una tijera que obligó a adelantar la parada de la instalación. El operario de Nervión estaba estrobando (colocando amarres a una pieza) cuando una máquina de extracción de material de 1.000 kilos de peso se desprendió de una grúa por causas que se desconocen y le alcanzó a la altura de la cintura, aplastándole las piernas, comunicaron fuentes sindicales. Los servicios médicos de Arcelor atendieron en un primer momento al herido, que fue trasladado al San Agustín y derivado, a continuación, al Hospital Central, dada la gravedad de las heridas, según las mismas fuentes.
M. J. T. fue atendido en el servicio de urgencias del hospital ovetense, donde los facultativos detectaron un traumatismo torácico, entre otras lesiones, y lo trasladaron a la uvi.
El herido, casado y con cuatro hijas, es trabajador de Nervión Montajes y Mantenimiento, auxiliar de Arcelor-Mittal, firma que trabaja en el mantenimiento de las baterías y del tren de bandas en caliente, en el empaquetado de hojalata y galvanizado de la siderúrgica avilesina, así como en los hornos altos, el parque de carbones y el sínter de Veriña (Gijón), según comunicaron los sindicatos.
jueves, 4 de diciembre de 2008
3 millones de parados, 60.000 en Asturias
El paro marca su cota más alta en 12 años y roza los 3 millones al subir en 171.243 parados en noviembre
El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) subió en 171.243 personas en noviembre, el 6% respecto a octubre, con lo que la cifra total de desempleados roza ya la barrera de los tres millones, al situarse en 2.989.269 personas, dato que no se alcanzaba desde febrero de 1996, cuando el total de parados superó los 2,99 millones, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Por primera vez en doce años, el pasado mes de noviembre se sobrepasó la barrera de los 2,9 millones de parados. Esta subida es la octava consecutiva y es casi cuatro veces superior a la registrada en noviembre del año pasado, cuando el desempleo se incrementó en 45.896 personas. En toda la serie histórica comparable, que comienza en 1996, el paro ha subido siempre en noviembre, aunque nunca tanto como este año.
En términos interanuales, el paro siguió ascendiendo en noviembre. Así, en el último año el paro acumula un repunte de 894.796 personas (+42,7%), de los que 613.733 son varones, con un incremento interanual del 73,5%, y 281.063 mujeres, con una subida respecto a noviembre del año pasado del 22,3%.
En octubre, el paro se anotó una subida de 192.658 personas, cifra algo superior al incremento registrado el mes pasado. En este sentido, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, afirmó en un comunicado que aunque el periodo actual es de "gran dificultad", el dato de noviembre supone una "desaceleración" en el crecimiento del desempleo respecto al mes anterior. Asimismo, Rojo se mostró convencida de que gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno en el área de empleo, la situación del mercado laboral mejorará.
Según la responsable de Empleo, un total de 336.083 personas abandonaron los registros del paro en noviembre, lo que indica la rotación existente en el mercado laboral. "Hay un amplio flujo de personas que pasan del desempleo al empleo y del empleo al desempleo y ello nos conduce a un dato relevante: más de la mitad de los desempleados llevan en el registro menos de cuatro meses", subrayó Rojo.
Alzas en todos los sectores
El paro subió en noviembre en todos los sectores económicos. El sector servicios volvió a experimentar este mes el mayor aumento del desempleo en términos absolutos, con 97.697 parados más (+5,9%), aunque el repunte más elevado en valores relativos correspondió a la construcción, con 40.453 desempleados más (+8,4%).
La industria, por su parte, se anotó 22.717 desempleados en noviembre (+6,5%), mientras que la agricultura registró un aumento de 5.792 parados (+6,1%) y el colectivo sin empleo anterior sumó 4.584 desempleados más (+1,7%).
En términos interanuales, la construcción es el sector donde más ha subido el paro en términos relativos, con un aumento en su número de parados del 106,7%, equivalente a 268.464 desempleados más. Por su parte, en los servicios hay 445.895 parados más que hace un año (+34,7%), en la industria se ha incrementado la cifra de desempleados en 100.609 personas (+37%), la agricultura cuenta con 31.212 parados más (+45,1%) y en el colectivo sin empleo anterior se registran 48.616 parados más (+22,2%) desde noviembre de 2007.
La desaceleración de la construcción y la subida del paro en los servicios se está notando también entre la población extranjera, que en noviembre experimentó un incremento del 12,5% en su cifra de parados, con 42.147 desempleados más. En total, los inmigrantes en paro sumaban en noviembre 379.640 desempleados, con un repunte de 181.286 parados (+91,4%) en el último año, de los que 63.839 proceden de la construcción y 76.210 trabajaban en los servicios.
Dps de cada tres nuevos parados son hombres
Por sexos, la subida del desempleo afectó de nuevo más a los hombres que a las mujeres. De hecho, en noviembre, dos de cada tres nuevos parados eran varones. En concreto, el paro masculino se incrementó en 111.915 desempleados (+8,3%) respecto a octubre, en tanto que el femenino registró un ascenso de 59.328 mujeres (+4%).
De esta forma, el número de parados varones se situó al finalizar noviembre en 1.447.780 desempleados y el de mujeres alcanzó la cifra de 1.541.489. Por edades, el desempleo entre los menores de 25 años subió en 26.437 personas (+7,3%) respecto al mes de octubre, en tanto que entre los de 25 y más años repuntó en 144.806 personas (+5,8%).
En noviembre, el paro aumentó en las 17 comunidades autónomas españolas. Destacaron Cataluña (24.837 desempleados más), Andalucía (23.972 parados más) y Comunidad Valenciana (21.328 desempleados más). Por provincias, el desempleo aumentó en todas ellas, encabezadas por Barcelona, con un incremento de 16.980 desempleados, y Madrid, con un repunte de 15.280 parados.
Baja la contratación
En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron en el Inem un total de 1.162.614 contratos, cifra que supone un descenso de 429.404 contratos (-26,9%) respecto a igual mes de 2007. Del total de contratos, el 11,1%, el equivalente a 129.123, eran indefinidos, con una caída del 32% respecto a noviembre del año pasado.
Para Maravillas Rojo, el peso de la contratación indefinida sobre el total de contratos, que es superior al realizado con anterioridad a la reforma laboral de 2006, es una muestra de que el mercado laboral, pese a la situación que atraviesa, sigue dando "signos de dinamismo".
Del resto de contratos registrados en noviembre, 9.242 fueron de carácter formativo y 1.024.249 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo, los de obra o servicio representaron el 29,1% del total y los eventuales por circunstancias de la producción, el 26,8%.
En términos acumulados, hasta noviembre se han realizado 15.483.660 contratos, un 10,8% menos que en igual periodo del 2007. De esta cantidad, 1.799.544 son indefinidos, con un descenso del 13,7% sobre enero-noviembre del año pasado.
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de la nueva españa
Asturias roza ya los 60.000 parados
l El retroceso de la economía l El mercado laboral
l 140 asturianos se quedan sin trabajo cada día por la crisis l El desempleo sube un 8% en la región, más que la media del país l La construcción perdió 1.000 empleos en un mes
La crisis comienza a minar la capacidad que había mostrado Asturias para generar empleo durante los últimos meses. El paro en la región volvió a subir en noviembre, por tercer mes consecutivo, y lo hizo en un 8,04%, casi dos puntos por encima de la media del país (6,08%). El Principado está ya en una situación similar a la del resto de España: se incrementa el desempleo y baja el número de cotizantes a la Seguridad Social.
En noviembre, los servicios públicos de empleo de la región registraron 4.334 nuevos demandantes. Lo que supone que la crisis, el pasado mes, llevó a 140 asturianos al paro cada día. Más de la mitad de los nuevos parados (2.546) pertenecen al sector servicios, aunque ha sido significativo el incremento del paro en la construcción, con 1.069 desempleados en solo un mes, lo que supone una subida mensual del 14,86 por ciento.
En total, en Asturias hay 59.251 parados, la cifra más alta desde enero de 2006. A nivel nacional, se rozan ya los tres millones de desempleados: 2.989.269. Se trata de la cifra más alta desde febrero de 1996. Sube el desempleo y baja la contratación. El número de afiliados a la Seguridad Social sufrió un retroceso del 0,79 por ciento en la región, que cerró con 400.805 personas de alta en el régimen general, 3.771 menos que en el pasado mes. La bajada sigue siendo menor que la que se contabiliza a nivel nacional, que sufrió un retroceso del 1,04 por ciento.
El director general de Empleo, José Luis Álvarez, se mostró ayer muy claro durante la presentación de las cifras. «Como cabía esperar, los datos del paro son malos», aseguró. Además, las previsiones tampoco son alentadoras. «Para los próximos meses», explicó, «se espera que el desempleo continúe subiendo». Las mismas tesis defiende el ministro de Economía, Pedro Solbes, que aseguró que, con respecto al empleo, el próximo año será peor que éste.
Las regiones del norte de España han tomado el relevo de las del sur en lo que se refiere al aumento del paro, según explicó el director general de Empleo. Según se explica desde el Gobierno regional, esta situación responde a que las regiones del Sur y el Levante ya han alcanzado su pico de destrucción de empleo. A pesar de ello, Baleares fue la región donde más subió el paro, un 23,10 por ciento.
Álvarez puso el acento también en que el Principado de Asturias sigue siendo la región en la que, en comparación con el año pasado, menos se ha incrementado el paro. Lo hizo un 16,16, mientras que en el resto del país subió un 42,72 por ciento.
Saint-Gobain rebaja a 169 los empleados regulados de Sekurit
Los mayores de 54 años y los que lleven menos de 12 meses en la empresa no estarán afectados por el ERE
La dirección y el comité de empresa de Saint-Gobain-Cristalería iniciaron ayer las negociaciones para acordar las características del expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que se aplicará a la línea de parabrisas de la planta avilesina. Según los sindicatos, este ERE se aplicará, finalmente, a 169 trabajadores de los 312 con que cuenta el departamento.
La primera sesión de las negociaciones se desarrolló durante la tarde de ayer y las dos partes convinieron que el ERE no podía afectar a trabajadores mayores de 54 años ni a los empleados que lleven menos de doce meses en la empresa, porque éstos no podrían solicitar la prestación por desempleo de tener que, por causa del expediente, marchar para casa.
En todo caso, la empresa ha planteado parar la producción de parabrisas entre los días 13 y 23 de diciembre. Esta parada se sumaría a la prevista para los días de Navidad. Coincidiendo con las fiestas, entre Nochebuena y Reyes, no habrá tampoco producción. Lo habitual, sin embargo, era que se retomara el trabajo el día 2.
La empresa, según los sindicatos, motiva la presentación del ERE en un exceso de reservas. Es decir, hay muchos parabrisas y hay pocos clientes que se quieran hacer con ellos. La causa final es la crisis mundial, que afecta en primer término al sector de automóvil. «Si no hay coches, la fabricación de parabrisas sobra», aceptó un representante sindical.
Saint-Gobain-Cristalería, en la actualidad, ha reducido la producción de vidrios para coches de forma muy notable. Concretamente, mantiene sólo dos de sus tres líneas funcionando. Cuando lo habitual es fabricar 8.000 parabrisas al día, desde hace menos de quince días sólo salen 5.000 al día de la planta avilesina.
Las negociaciones continúan esta mañana y la intención de los sindicatos es acelerar el acuerdo lo antes posible, teniendo en cuenta la fecha prevista para el comienzo del ERE.
El conflicto abierto en el departamento de automóvil de la fábrica avilesina se une al que, según los sindicatos, planteó la propia empresa cuando en octubre anunció la necesidad de prescindir de 21 de las 76 personas que trabajan en este momento en el centro de investigación, uno de los cuatro que tiene la multinacional en todo el continente europeo.
La dirección y el comité de empresa de Saint-Gobain-Cristalería iniciaron ayer las negociaciones para acordar las características del expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que se aplicará a la línea de parabrisas de la planta avilesina. Según los sindicatos, este ERE se aplicará, finalmente, a 169 trabajadores de los 312 con que cuenta el departamento.
La primera sesión de las negociaciones se desarrolló durante la tarde de ayer y las dos partes convinieron que el ERE no podía afectar a trabajadores mayores de 54 años ni a los empleados que lleven menos de doce meses en la empresa, porque éstos no podrían solicitar la prestación por desempleo de tener que, por causa del expediente, marchar para casa.
En todo caso, la empresa ha planteado parar la producción de parabrisas entre los días 13 y 23 de diciembre. Esta parada se sumaría a la prevista para los días de Navidad. Coincidiendo con las fiestas, entre Nochebuena y Reyes, no habrá tampoco producción. Lo habitual, sin embargo, era que se retomara el trabajo el día 2.
La empresa, según los sindicatos, motiva la presentación del ERE en un exceso de reservas. Es decir, hay muchos parabrisas y hay pocos clientes que se quieran hacer con ellos. La causa final es la crisis mundial, que afecta en primer término al sector de automóvil. «Si no hay coches, la fabricación de parabrisas sobra», aceptó un representante sindical.
Saint-Gobain-Cristalería, en la actualidad, ha reducido la producción de vidrios para coches de forma muy notable. Concretamente, mantiene sólo dos de sus tres líneas funcionando. Cuando lo habitual es fabricar 8.000 parabrisas al día, desde hace menos de quince días sólo salen 5.000 al día de la planta avilesina.
Las negociaciones continúan esta mañana y la intención de los sindicatos es acelerar el acuerdo lo antes posible, teniendo en cuenta la fecha prevista para el comienzo del ERE.
El conflicto abierto en el departamento de automóvil de la fábrica avilesina se une al que, según los sindicatos, planteó la propia empresa cuando en octubre anunció la necesidad de prescindir de 21 de las 76 personas que trabajan en este momento en el centro de investigación, uno de los cuatro que tiene la multinacional en todo el continente europeo.
Azsa y sindicatos firman el convenio, que se aplicará sólo durante un mes
Asturiana de Zinc y los sindicatos representados en el comité de empresa firmaron ayer a última hora de la noche el convenio colectivo de 2008. Este acuerdo se aplicará únicamente durante un mes, aunque sus beneficios salariales llegarán con carácter retroactivo a las próximas nóminas de los trabajadores.
Los sindicatos posiblemente «denuncien» el acuerdo conseguido anoche, precisamente porque concluye su aplicación en menos de treinta días. El acto de la «denuncia» garantiza el inicio de negociaciones encaminadas a establecer el convenio de 2009. En Asturiana de Zinc estos acuerdos tienen una duración de un año.
El convenio rubricado anoche supone una subida de los sueldos en un 2,75 por ciento. A este dinero se suman 135 euros adicionales en concepto de prima de competitividad. Además, la empresa se compromete a hacer fijos a catorce personas en los tres primeros meses del próximo año.
El comité de empresa interpreta que el acuerdo conlleva que la empresa retire los expedientes sancionadores, aunque ésta no lo afirmó explícitamente en la reunión.
Los sindicatos posiblemente «denuncien» el acuerdo conseguido anoche, precisamente porque concluye su aplicación en menos de treinta días. El acto de la «denuncia» garantiza el inicio de negociaciones encaminadas a establecer el convenio de 2009. En Asturiana de Zinc estos acuerdos tienen una duración de un año.
El convenio rubricado anoche supone una subida de los sueldos en un 2,75 por ciento. A este dinero se suman 135 euros adicionales en concepto de prima de competitividad. Además, la empresa se compromete a hacer fijos a catorce personas en los tres primeros meses del próximo año.
El comité de empresa interpreta que el acuerdo conlleva que la empresa retire los expedientes sancionadores, aunque ésta no lo afirmó explícitamente en la reunión.
martes, 2 de diciembre de 2008
El paro subió en 171.243 personas en noviembre
El paro subió en 171.243 personas en noviembre
En los últimos doce meses, el paro se ha incrementado en 894.796 personas, el 42,72 por ciento, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió por octavo mes consecutivo y en noviembre se incrementó en 171.243 personas respecto a octubre, lo que situó el número total de desempleados en 2.989.269, el 6,08% más que un mes antes y la mayor cifra de parados desde febrero de 1996.
En los últimos doce meses, el paro se ha incrementado en 894.796 personas, el 42,72 por ciento, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En noviembre de 2007 el desempleo subió en 45.896 trabajadores con respecto al mes anterior.
En noviembre el desempleo aumentó en todos los sectores, especialmente en los servicios con 97.697 parados más (el 5,99 por ciento), seguido de la construcción, con 40.453 (8,44%), la industria, con 22.717 (6,5%); la agricultura con 5.792 (6,12%%) y el colectivo sin empleo anterior, con 4.584 (el 1,75%).
El paro masculino aumentó en 111.915 desempleados (el 8,38 por ciento) hasta 1.447.780, y el femenino lo hizo en 49.328 (el 4 por ciento) hasta 1.541.489.
Con respecto a noviembre de 2007, el paro masculino subió en 613.733 personas (el 73,58%) y el femenino en 281.063 (22,30%).
Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo se incrementó en 26.437 (el 7,37%), y entre los mayores de esa edad en 144.806 (el 5,89%).
En noviembre, el paro subió en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, con 24.837 parados más y Andalucía, con 23.972.
En cuanto a los contratos, en noviembre se subscribieron 1.162.614, lo que supone 429.404 menos (una reducción del 26,97%) con respecto al mismo mes de 2007.
En el periodo acumulado entre enero y noviembre, se registraron 15.483.660 contratos, 1.877.129 menos que en el mismo periodo del año anterior (una reducción del 10,81%).
De todos los contratos de noviembre, 129.123 fueron de carácter indefinido (el 11,11 por ciento del total). Esta cifra supone una disminución de 60.892 con respecto a hace un año (el 32,05%).
En el acumulado hasta noviembre, se firmaron 1.799.544 contratos, 286.329 menos (el 13,73%) sobre el mismo periodo de 2007.
De los contratos indefinidos de noviembre, se subscribieron 87.413 a tiempo completo (47.231 menos que en el mismo mes de 2007, el 35,08%) y 41.710 a tiempo parcial, que se han reducido en 13.661 (el 24,67%).
Entre enero y noviembre los contratos indefinidos a tiempo completo fueron 1.267.179 (el 16,26% menos), mientras que a tiempo parcial sumaron 532.365 (un descenso del 7,03 por ciento).
Del resto de los contratos, hasta completar el total de 1.162.614, 9.242 fueron de carácter formativo y 1.024.249 otro tipo de contratación temporal.
Entre estos últimos, hubo 338.313 de obra o servicio a tiempo completo, 311.434 eventuales por circunstancia de la producción y 287.032 temporales a tiempo parcial. EFE
En los últimos doce meses, el paro se ha incrementado en 894.796 personas, el 42,72 por ciento, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió por octavo mes consecutivo y en noviembre se incrementó en 171.243 personas respecto a octubre, lo que situó el número total de desempleados en 2.989.269, el 6,08% más que un mes antes y la mayor cifra de parados desde febrero de 1996.
En los últimos doce meses, el paro se ha incrementado en 894.796 personas, el 42,72 por ciento, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En noviembre de 2007 el desempleo subió en 45.896 trabajadores con respecto al mes anterior.
En noviembre el desempleo aumentó en todos los sectores, especialmente en los servicios con 97.697 parados más (el 5,99 por ciento), seguido de la construcción, con 40.453 (8,44%), la industria, con 22.717 (6,5%); la agricultura con 5.792 (6,12%%) y el colectivo sin empleo anterior, con 4.584 (el 1,75%).
El paro masculino aumentó en 111.915 desempleados (el 8,38 por ciento) hasta 1.447.780, y el femenino lo hizo en 49.328 (el 4 por ciento) hasta 1.541.489.
Con respecto a noviembre de 2007, el paro masculino subió en 613.733 personas (el 73,58%) y el femenino en 281.063 (22,30%).
Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo se incrementó en 26.437 (el 7,37%), y entre los mayores de esa edad en 144.806 (el 5,89%).
En noviembre, el paro subió en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, con 24.837 parados más y Andalucía, con 23.972.
En cuanto a los contratos, en noviembre se subscribieron 1.162.614, lo que supone 429.404 menos (una reducción del 26,97%) con respecto al mismo mes de 2007.
En el periodo acumulado entre enero y noviembre, se registraron 15.483.660 contratos, 1.877.129 menos que en el mismo periodo del año anterior (una reducción del 10,81%).
De todos los contratos de noviembre, 129.123 fueron de carácter indefinido (el 11,11 por ciento del total). Esta cifra supone una disminución de 60.892 con respecto a hace un año (el 32,05%).
En el acumulado hasta noviembre, se firmaron 1.799.544 contratos, 286.329 menos (el 13,73%) sobre el mismo periodo de 2007.
De los contratos indefinidos de noviembre, se subscribieron 87.413 a tiempo completo (47.231 menos que en el mismo mes de 2007, el 35,08%) y 41.710 a tiempo parcial, que se han reducido en 13.661 (el 24,67%).
Entre enero y noviembre los contratos indefinidos a tiempo completo fueron 1.267.179 (el 16,26% menos), mientras que a tiempo parcial sumaron 532.365 (un descenso del 7,03 por ciento).
Del resto de los contratos, hasta completar el total de 1.162.614, 9.242 fueron de carácter formativo y 1.024.249 otro tipo de contratación temporal.
Entre estos últimos, hubo 338.313 de obra o servicio a tiempo completo, 311.434 eventuales por circunstancia de la producción y 287.032 temporales a tiempo parcial. EFE
Aumentan los ingresos de los directivos y descienden los de los trabajadores
Vuelve la demagogia de los hechos
Javier Ortiz
Púbico
Según la última encuesta sobre estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se ahonda la diferencia que hay entre los ingresos de los directivos de las empresas y la paga media que perciben los trabajadores de base. Los beneficios de los unos crecen sistemáticamente (10% entre 2002 y 2006), en tanto que los de los otros bajan (–0,6% durante el mismo periodo).
Que los ingresos de los directivos hayan crecido un 10% en cuatro años podría considerarse incluso razonable, habida cuenta del encarecimiento del coste de la vida, si no fuera porque el argumento de la inflación sólo parece valer para la gente mejor situada. El común de los mortales –sobre todo el común de los mortales inmigrante– debe arreglarse después de cuatro años con el mismo salario, aunque el IPC haya subido todo eso. Y al que le parezca bien, pues bien, y al que no, que se quite de en medio, que hay cola.
Ítem más: conviene que conste que estos datos se refieren a directivos de empresas, es decir, a individuos que –se deslomen más o menos– meten horas, se estrujan el magín, estudian posibilidades, buscan clientes… Mucho más escandaloso es, por poner un ejemplo, el caso de los consejeros de grandes firmas, que se llevan una pasta aún más gansa por ir a sestear un par de horas al mes en una reunión en la que no dicen nada, porque no tienen nada que decir, ni a nadie le importaría lo que pudieran decir, porque no saben de la misa la media.
Siempre que señalo datos como éstos, tan chirriantes, me pregunto si no estaré haciendo demagogia. Y siempre me respondo evocando el título del viejo y clásico libro de Ignacio Fernández de Castro: es la demagogia de los hechos.
Javier Ortiz
Púbico
Según la última encuesta sobre estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se ahonda la diferencia que hay entre los ingresos de los directivos de las empresas y la paga media que perciben los trabajadores de base. Los beneficios de los unos crecen sistemáticamente (10% entre 2002 y 2006), en tanto que los de los otros bajan (–0,6% durante el mismo periodo).
Que los ingresos de los directivos hayan crecido un 10% en cuatro años podría considerarse incluso razonable, habida cuenta del encarecimiento del coste de la vida, si no fuera porque el argumento de la inflación sólo parece valer para la gente mejor situada. El común de los mortales –sobre todo el común de los mortales inmigrante– debe arreglarse después de cuatro años con el mismo salario, aunque el IPC haya subido todo eso. Y al que le parezca bien, pues bien, y al que no, que se quite de en medio, que hay cola.
Ítem más: conviene que conste que estos datos se refieren a directivos de empresas, es decir, a individuos que –se deslomen más o menos– meten horas, se estrujan el magín, estudian posibilidades, buscan clientes… Mucho más escandaloso es, por poner un ejemplo, el caso de los consejeros de grandes firmas, que se llevan una pasta aún más gansa por ir a sestear un par de horas al mes en una reunión en la que no dicen nada, porque no tienen nada que decir, ni a nadie le importaría lo que pudieran decir, porque no saben de la misa la media.
Siempre que señalo datos como éstos, tan chirriantes, me pregunto si no estaré haciendo demagogia. Y siempre me respondo evocando el título del viejo y clásico libro de Ignacio Fernández de Castro: es la demagogia de los hechos.
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